El uso de la Inteligencia Artificial en los tribunales abrió un nuevo debate dentro del sistema judicial: ¿la tecnología puede ser una herramienta para agilizar procesos o existe el riesgo de delegar decisiones que requieren criterio humano?
La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Justicia genera discusiones en distintos países y también en Argentina, donde organismos judiciales comenzaron a analizar su aplicación para mejorar la gestión de expedientes, búsqueda de jurisprudencia y organización de información.
Los defensores de esta tecnología sostienen que la IA puede ayudar a reducir tiempos, ordenar grandes volúmenes de información y facilitar el acceso a herramientas jurídicas. Sin embargo, especialistas advierten que su uso debe estar acompañado por controles estrictos, transparencia y supervisión humana, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.
Uno de los principales puntos del debate es si una inteligencia artificial podría intervenir en la elaboración de fallos o decisiones judiciales. La postura mayoritaria dentro del ámbito jurídico es que la IA debe funcionar como apoyo para jueces, fiscales y abogados, pero no reemplazar la interpretación, valoración de pruebas ni la responsabilidad de quienes administran justicia.
En Argentina, distintos poderes judiciales avanzan con protocolos y capacitaciones para establecer un uso responsable de estas herramientas. Algunas jurisdicciones ya implementaron programas específicos para incorporar IA en tareas administrativas y de asistencia judicial, bajo criterios de seguridad y control.
Entre los riesgos señalados aparecen los llamados “errores de inteligencia artificial”, donde los sistemas pueden generar información incorrecta o referencias inexistentes si no son verificados por profesionales. Casos registrados en otros países encendieron alertas sobre la necesidad de una utilización responsable.
El debate recién comienza: mientras la Justicia busca modernizarse y adaptarse a una nueva era tecnológica, la discusión central pasa por encontrar un equilibrio entre eficiencia e innovación sin perder uno de los principios fundamentales del sistema judicial: que las decisiones sean tomadas por personas responsables frente a la sociedad.
Libertad Noticias
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