El juzgado federal de Quilmes investiga una megacausa contra organizaciones sociales por coacción a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
El juzgado federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, lleva adelante una investigación que involucra a 213 dirigentes y piqueteros de organizaciones sociales, acusados de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de defraudar a la administración pública mediante el uso indebido de fondos y alimentos estatales.
En el marco de la causa, se realizaron 24 allanamientos donde se incautaron 104.000 unidades de alimentos sin distribuir, 2.500 kilos de comida en mal estado, $500.000 en efectivo, armas y numerosos dispositivos electrónicos. Entre los alimentos caducados había productos como leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo, destinados a familias vulnerables, que fueron destruidos tras análisis bromatológicos en CEAMSE Pompeya.
La investigación cuenta con más de 200 legajos
Los alimentos incinerados portaban etiquetas que indicaban claramente: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
La investigación, que abrió más de 200 legajos, se basa en más de 70 denuncias recibidas por la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los testimonios relatan cómo delegados y representantes de movimientos sociales como Polo Obrero, Movimiento Evita y Corriente Clasista Combativa ejercían presión sobre los beneficiarios, obligándolos a asistir a marchas y piquetes bajo amenaza de perder sus planes sociales.
Según las víctimas, los dirigentes les exigían cuotas en efectivo o transferencias y tomaban asistencia en las movilizaciones. “Si acumulaban tres o cuatro faltas nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”, señalaron algunos testimonios. Además, la violencia verbal era constante y muchos beneficiarios temían represalias, incluso llegando a afirmar: “Por esto me pueden llegar a matar”.
Vecinos de los comedores comunitarios observaron cómo la mercadería destinada a los más necesitados era retenida por los referentes y en algunos casos cargada en camionetas para ser retirada. También se denunciaron irregularidades en la inscripción a los programas sociales, con la solicitud de claves de Mi Argentina, ANSES y AFIP, presuntamente para acceder a los sistemas de manera fraudulenta.
La megacausa avanza sobre las estructuras organizativas y las personas involucradas, con más imputados que se suman día a día. En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes, acusados de extorsión y fraude en el manejo de fondos públicos del ex plan Potenciar Trabajo.
Belliboni rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de “una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles”. El proceso judicial continuará su curso y será la evidencia que se presente y analice con el tiempo la que determine la verdad detrás de estas graves denuncias.
FUENTE: BORDER PERIODISMO
