teleSUR, Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2026.
El director general del consorcio estatal de la industria de defensa de Ucrania, Ukroboronprom, Guerman Smetanin, anunció este martes que abandona el cargo. La noticia fue difundida a través de su cuenta en Telegram, donde confirmó el fin de su gestión al frente de la compañía sin ahondar en los motivos de su decisión.
Smetanin evitó en su mensaje cualquier referencia directa a la explosión de un depósito de municiones ocurrida la semana pasada en la ciudad de Vishnióvoye, ubicada en las afueras de Kiev, así como a la investigación que las autoridades ucranianas mantienen abierta sobre el caso.
El silencio del ahora exdirectivo contrasta con la gravedad de los hechos. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que fuerzas rusas destruyeron un almacén de combustibles y lubricantes en esa localidad, al que describió como una base de producción experimental e ingeniería técnica dedicada al diseño, calibración y mantenimiento de depósitos de estaciones de servicio.
Posteriormente, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, reconoció que en el lugar funcionaba un depósito de municiones y que se encontraba emplazado junto a edificios residenciales. La explosión, admitió, provocó graves destrozos en las viviendas aledañas.
Zelenski fue más allá al confirmar que el arsenal no cumplía con las normas de seguridad establecidas para infraestructuras militares de ese tipo, y señaló que las disposiciones vigentes prohíben expresamente ubicar depósitos de armamento cerca de zonas pobladas.
«Las instrucciones no fueron respetadas», afirmó el mandatario, y colocó la responsabilidad directamente sobre los directivos de Ukroboronprom, a quienes acusó de haber ignorado las regulaciones sobre almacenamiento de municiones.
La admisión de Zelenski destapó un escándalo de proporciones en el aparato de defensa ucraniano. Ukroboronprom reaccionó el pasado domingo con el despido de dos responsables directos por haber infringido las reglas de almacenamiento de municiones. La empresa estatal aseguró en un comunicado que todos los implicados enfrentarán cargos penales, y anunció el inicio de una auditoría en todas las empresas del grupo para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.
La salida de Smetanin se suma así a una cadena de medidas internas que buscan contener las repercusiones políticas del incidente. Sin embargo, su renuncia voluntaria y la falta de explicaciones públicas dejan abiertas las interrogantes sobre el grado de responsabilidad que pudo haber tenido en la supervisión de las instalaciones militares que operaban al margen de la ley.
