Por Juan Estigarribia
La decisión del Gobierno de Santa Cruz de impulsar un nuevo sistema electoral representa, probablemente, la reforma política más importante de las últimas décadas en la provincia. No se trata simplemente de cambiar una boleta por otra o de modificar el procedimiento de votación. Lo que está en juego es el modelo de competencia política que regirá el futuro de Santa Cruz.
Durante años, la Ley de Lemas fue uno de los ejes del debate político provincial. Sus defensores sostuvieron que garantizaba una mayor participación dentro de los espacios políticos y permitía expresar la diversidad interna de cada fuerza. Sus detractores, en cambio, señalaron que distorsionaba la voluntad popular, al posibilitar que un candidato con menos votos individuales terminara imponiéndose gracias a la suma de los sufragios obtenidos por otros postulantes del mismo lema.
La intención del gobernador Claudio Vidal de avanzar hacia un sistema más directo, acompañado por la implementación de la Boleta Única de Papel, busca dar respuesta a un reclamo histórico de distintos sectores de la sociedad y de buena parte del arco político. Es una señal de modernización institucional que también coloca a Santa Cruz en sintonía con otras provincias y con el rumbo que tomó la Nación.
Pero toda reforma electoral tiene consecuencias políticas. Y allí comienza el verdadero debate.
El oficialismo llega a esta discusión desde una posición de fortaleza institucional. Gobernar otorga iniciativa política y capacidad para instalar la agenda. Sin embargo, también implica asumir la responsabilidad de garantizar que las nuevas reglas no sean percibidas como una herramienta diseñada para beneficiar circunstancialmente al poder de turno. Las reformas electorales adquieren legitimidad cuando nacen del consenso y no de la conveniencia.
Para la oposición el escenario tampoco será sencillo. Durante años gran parte de sus dirigentes reclamó el fin de la Ley de Lemas. Ahora deberán demostrar que estaban convencidos de ese planteo y no que simplemente respondía a una estrategia electoral. Si el nuevo sistema elimina las estructuras que antes favorecían determinadas construcciones políticas, cada partido deberá fortalecerse con candidatos competitivos, propuestas claras y mayor presencia territorial.
El cambio también modifica la lógica de las campañas. La competencia dejará de depender de la acumulación de candidatos dentro de un mismo espacio y pondrá el foco en liderazgos definidos, programas concretos y capacidad de convencer directamente al electorado. En otras palabras, habrá menos margen para las especulaciones y mayor responsabilidad individual de quienes aspiren a gobernar.
La Boleta Única de Papel, por su parte, puede aportar mayor transparencia, reducir costos de impresión, disminuir el robo de boletas y simplificar la tarea de las autoridades de mesa. No obstante, su implementación exigirá un fuerte trabajo de capacitación ciudadana. Ninguna herramienta institucional funciona correctamente si los votantes desconocen su funcionamiento.
Otro aspecto que merece atención es el impacto sobre los partidos más pequeños. Un sistema más competitivo puede favorecer la claridad electoral, pero también elevar las exigencias para quienes no cuentan con grandes estructuras. Será un desafío preservar el pluralismo político sin perder gobernabilidad.
Pensando en 2027, la reforma cambia el tablero. El oficialismo ya no podrá apoyarse únicamente en una ingeniería electoral favorable; deberá consolidar una gestión que convenza a los santacruceños. La oposición, en tanto, tendrá la obligación de construir una alternativa seria, unificada y con liderazgo, porque las nuevas reglas exigirán competitividad real y no estrategias basadas en la fragmentación.
En definitiva, la discusión no debería agotarse en la eliminación de la Ley de Lemas o en la incorporación de la Boleta Única. El verdadero desafío consiste en recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Ningún sistema electoral resolverá por sí solo los problemas de representación, pero un sistema claro, transparente y comprensible puede ser el primer paso para reconstruir un vínculo que durante años se fue deteriorando.
Santa Cruz tiene hoy la posibilidad de iniciar una nueva etapa institucional. Que esa oportunidad se transforme en un avance democrático dependerá menos de la ley que se apruebe y mucho más de la voluntad de la dirigencia para respetarla, fortalecerla y convertirla en una herramienta al servicio de los ciudadanos, y no de las conveniencias electorales de cada momento.
Fuente: Libertad Noticias
