Especialistas del sector advirtieron que las maniobras fraudulentas impactan en la solvencia de las aseguradoras y elevan el costo de las pólizas. En una jornada convocada por ADEAA y el Ministerio Público bonaerense, se expusieron casos, mecanismos de detección y nuevas herramientas de cooperación.
El salón del primer piso del Hotel Regal Pacific reunió a ejecutivos de compañías de seguros, funcionarios judiciales, autoridades regulatorias y especialistas en la jornada «Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma», organizada por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) junto al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. El eje del encuentro fue la creciente preocupación por un problema que, según expusieron, ya no se limita a casos puntuales y compromete la solvencia del sistema asegurador.
De acuerdo con estimaciones del mercado, el fraude puede representar hasta el 10% de los costos del sistema asegurador argentino. A esa referencia se suma otro dato difundido por especialistas: entre el 20% y el 45% de los siniestros analizados presentan inconsistencias o indicios que requieren investigación adicional. En ese marco, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, sostuvo: «No hay contrato de seguro sin solvencia. Esa promesa de pagar una prima por una póliza y responder ante un evento indemnizable en el futuro solamente es válida si existe solvencia.»
Plate también señaló que el fraude no impacta solo en las empresas, sino también en los asegurados, al advertir: «El fraude afecta a las compañías y afecta al asegurado; afecta el monto de la prima, que se encarece virtualmente si hay mucho fraude.» En la misma línea, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, remarcó la función social del sector con una definición sobre el rol de las aseguradoras en momentos críticos.
Uno de los paneles más seguidos estuvo integrado por Francisco Pont Verges, Juan Manuel García Blanco y Claudio Oviedo. García Blanco relató una investigación sobre cerca de 900 expedientes vinculados con seguros colectivos por incapacidad y describió el caso como una organización con estudio jurídico, reclutadores y profesionales distribuidos en distintas etapas. Oviedo, por su parte, indicó que el patrón más frecuente incluye falsificación de certificados, falsificación de poderes, uso de documentación falsa y apropiación de datos para crear casos fraudulentos.
Desde el mercado, Juan E. Cesaretti, gerente de Legales de Evolución Seguros, destacó que la lucha contra el fraude protege a todo el sistema y a los asegurados, y valoró los acuerdos de capacitación y cooperación entre las áreas legales de las compañías y los organismos jurisdiccionales. En paralelo, las aseguradoras comenzaron a incorporar herramientas de análisis predictivo y bases colaborativas de información para detectar patrones sospechosos antes de que los casos lleguen a instancia judicial.
Para Francisco Pont Verges, la cooperación entre compañías y organismos de investigación resulta clave, al señalar que «La mejor manera de investigar estos delitos es incorporar al denunciante, a la víctima, como un socio en las investigaciones.» En ese marco, ADEAA y el Ministerio Público bonaerense avanzan en acuerdos de capacitación, cooperación tecnológica e intercambio de información para fortalecer la detección de maniobras fraudulentas.
Fuente: ADEAA – EL ZONDA
