Según consigna el Diario Crónica: La defensa de la exvicepresidenta acudió a la Cámara de Casación con un objetivo límite: bloquear el decomiso de una fortuna estimada en 84.000 millones de pesos que ya está en manos de Máximo y Florencia Kirchner. Mientras la condena por la causa Vialidad sigue bajo revisión, sus abogados patearon el tablero con un argumento constitucional clave sobre el origen de los activos.
La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por medio de la asistencia de sus abogados patrocinantes, formalizó una presentación jurídica ante la Cámara Federal de Casación Penal con el propósito de bloquear la confiscación de los patrimonios y activos que fueron transmitidos en carácter de herencia a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Dicha acción legal se interpuso en el contexto del expediente judicial conocido de forma pública como Causa Vialidad, en el cual la anterior jefa de Estado resultó condenada a una pena de seis años de privación de la libertad junto a una inhabilitación de carácter perpetuo para el ejercicio de funciones en el ámbito de la administración pública.
El requerimiento de la defensa fue elevado ante los magistrados que integran la Sala IV del mencionado tribunal de alzada, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes poseen la responsabilidad de examinar las impugnaciones interpuestas contra el fallo dictado en primera instancia. Los defensores técnicos, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, articularon el planteo centrándose de modo específico en el dictamen accesorio que estipula un decomiso de bienes estimado en una cifra aproximada de 84.000 millones de pesos.
En la argumentación desarrollada por los asesores legales, se remarcó de forma taxativa que la exjefa de Estado procedió a realizar la cesión de sus activos patrimoniales en beneficio de sus descendientes con anterioridad al inicio de los procesamientos judiciales en su contra. Por este motivo, los abogados defensores sostuvieron que las determinaciones de afectación económica orientadas a los bienes heredados carecen de sustento válido en términos legales.
En el escrito presentado, los profesionales subrayaron: «La resolución recurrida resulta arbitraria y viola las garantías constitucionales del debido proceso y la propiedad». Asimismo, hicieron hincapié en que la ejecución de una incautación patrimonial sobre bienes que ya se encuentran bajo la titularidad legítima de terceras personas —en referencia a Máximo y Florencia Kirchner— configuraría una extensión indebida y desproporcionada de los efectos prácticos de la sanción penal.
El estado actual del expediente y las próximas definiciones judiciales
La causa Vialidad, que investigó presuntas irregularidades y desvíos en la concesión de obras públicas viales en el territorio de la provincia de Santa Cruz, se sitúa actualmente en una etapa de revisión doctrinaria y procesal dentro de los despachos de la Cámara de Casación. Mientras los jueces evalúan si ratifican, modifican o revocan la sentencia de base, las medidas de orden patrimonial continúan bajo discusión jurídica.
Con este planteo de excepción, la representación jurídica de la exmandataria intenta que el tribunal excluya de forma expresa las transferencias hereditarias de cualquier resolución de carácter confiscatorio que pudiese implementarse, resguardando la integridad económica de los bienes traspasados a sus hijos antes de que adquiera firmeza la condena principal.
Con información de BAE Negocios
