La salida del ministro era urgente y necesaria, pero no suficiente.
La cuestión institucional no es si el Gobernador Claudio Vidal actuó rápido, sino si el Estado va a investigar a fondo si un ministro encargado de controlar empresas, sindicatos, empleo local y conflictos laborales cobraba simultáneamente de actores alcanzados por su propia área de decisión.
La ética pública no se agota en una renuncia. Exige sumario administrativo, exhibición de declaraciones juradas, auditoría de los actos en los que intervino y, si corresponde, denuncia penal.
Santa Cruz necesita saber si existieron incompatibilidades, conflictos de intereses, omisión en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública o pagos privados sin prestación real de servicios.
Cuando un funcionario cobra del Estado y, al mismo tiempo, de sectores sobre los que debe decidir o controlar, no alcanza con apartarlo del cargo: hay que investigar, documentar y dar explicaciones.
La renuncia puede cerrar una crisis política. No puede cerrar una investigación institucional.
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