Por Juan Estigarribia
El nuevo paro de 96 horas anunciado por ADOSAC vuelve a poner a Santa Cruz frente a una escena que se repite desde hace años: escuelas vacías, estudiantes sin clases, familias reorganizando su vida cotidiana y una sensación generalizada de desgaste social. Pero detrás de la medida gremial aparece una discusión mucho más profunda que excede lo salarial o lo sindical. La verdadera pregunta es otra: ¿la educación ocupa realmente un lugar prioritario para el Gobierno provincial?
La crisis educativa santacruceña no nació este año ni comenzó con esta gestión. Es el resultado de décadas de conflictos acumulados, falta de planificación, deterioro edilicio, pérdida del poder adquisitivo docente y una dirigencia política que, gobierne quien gobierne, nunca logró construir un sistema educativo estable y previsible.
Sin embargo, el problema actual expone algo todavía más preocupante: la naturalización del conflicto permanente.
En Santa Cruz, los paros docentes dejaron de ser una excepción para convertirse casi en parte del calendario escolar. Cada inicio de ciclo lectivo aparece marcado por amenazas de medidas de fuerza, negociaciones tensas y promesas de soluciones que rara vez llegan a fondo. El resultado es devastador: generaciones enteras de alumnos crecieron atravesadas por interrupciones constantes en su formación.
Y lo más grave es que ya casi nadie parece sorprenderse.
El gobierno provincial suele responder con discursos centrados en las limitaciones económicas, la caída de recursos o la necesidad de administrar las cuentas públicas con responsabilidad. Sin dudas, la situación financiera de la provincia representa una dificultad real. Pero también es cierto que gobernar implica establecer prioridades. Y cuando el conflicto docente se extiende durante meses sin resolverse, la señal política que recibe la sociedad es clara: la educación no parece estar entre las urgencias más importantes.
La gestión de Claudio Vidal asumió con un fuerte discurso de cambio y ordenamiento provincial. Muchos sectores esperaban una nueva relación con los gremios y una estrategia distinta para evitar la permanente paralización del sistema educativo. Sin embargo, a pocos meses de gestión, el escenario vuelve a mostrar tensión, desgaste y una negociación que parece empantanada.
La sensación que domina en gran parte de la sociedad santacruceña es la de un Estado que reacciona tarde. Las respuestas aparecen cuando el conflicto ya escaló, cuando las clases ya fueron suspendidas y cuando el malestar social ya se instaló.
Mientras tanto, las consecuencias reales se ven dentro de las aulas.
Los estudiantes son quienes cargan con el costo más silencioso pero más profundo de esta crisis. La pérdida de días de clases afecta especialmente a quienes dependen exclusivamente de la escuela pública para acceder a herramientas educativas, contención y oportunidades futuras. En muchas localidades, la discontinuidad pedagógica ya genera serias dificultades en comprensión lectora, matemática y permanencia escolar.
La pandemia había dejado al descubierto enormes falencias estructurales en el sistema educativo argentino. Santa Cruz parecía tener la oportunidad de reconstruir y fortalecer la educación pública luego de aquellos años críticos. Sin embargo, los conflictos recurrentes vuelven a empujar al sistema hacia la inestabilidad.
También existe un desgaste evidente en el propio sector docente. Muchos maestros y profesores sienten que la discusión salarial se convirtió en una pelea interminable contra la inflación. La pérdida del poder adquisitivo genera frustración, desmotivación y un clima laboral cada vez más complejo. A eso se suman problemas edilicios en numerosos establecimientos, falta de recursos y condiciones de trabajo que, según denuncian desde el gremio, siguen lejos de resolverse.
Pero el análisis tampoco puede quedar únicamente del lado gubernamental. La sociedad también comienza a preguntarse hasta qué punto las medidas de fuerza prolongadas ayudan realmente a destrabar el conflicto o terminan profundizando el daño educativo. El cansancio social crece porque el derecho a reclamar convive con otro derecho fundamental: el acceso de los chicos a la educación.
Allí aparece el gran desafío político y social de Santa Cruz: salir de la lógica de confrontación permanente.
La provincia necesita mucho más que una paritaria que cierre momentáneamente el conflicto. Necesita una política educativa seria, sostenida y planificada a largo plazo. Necesita reconstruir confianza entre el Estado y los docentes. Necesita garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender. Y, sobre todo, necesita entender que la educación no puede seguir siendo rehén de las disputas políticas y económicas de cada año.
Porque mientras gobierno y gremios continúan enfrentados, el tiempo pasa. Y cada día perdido en las aulas es una oportunidad menos para miles de chicos santacruceños.
La pregunta sigue abierta. Y cada nuevo paro la vuelve más incómoda: ¿realmente la educación es una prioridad para quienes gobiernan Santa Cruz?
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