La investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda, un jubilado petrolero de 72 años que era buscado desde el pasado 20 de abril, dio un giro estremecedor este domingo luego de que parte de sus restos fueran hallados en un complejo de departamentos abandonado ubicado en la zona de la costanera de Río Gallegos.
Cepeda había cobrado recientemente una indemnización cercana a los 200 millones de pesos, situación que ahora aparece como una de las principales hipótesis del móvil del crimen que conmociona a Santa Cruz.
Los restos fueron encontrados en una propiedad que perteneció a Daniel Muñoz, histórico ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner. El predio integra el listado de bienes decomisados a Muñoz y actualmente se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con custodia presuntamente a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.
El avance de la causa se produjo tras la detención de Marcelo Félix Curtti, de 61 años, quien habría aportado información clave durante las primeras horas del domingo. Sin embargo, los investigadores aseguraron a NA que existen al menos dos personas prófugas vinculadas al caso.
Curtti fue empleado público provincial y se retiró mediante un plan de retiro voluntario cuando se desempeñaba en el Ministerio de Economía de Santa Cruz. A pesar de contar con antecedentes condenatorios, logró incorporarse a la administración pública. Fuentes consultadas indicaron además que frecuentaba el Casino de Río Gallegos y padecería problemas de ludopatía.
En paralelo, durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Pellegrini al 500, los investigadores encontraron la cabeza y las manos de la víctima. La brutalidad del hallazgo profundizó las sospechas sobre el accionar de los implicados.
Los pesquisas no descartan que Curtti y al menos dos presuntos cómplices hayan intentado acceder a las cuentas bancarias de Cepeda tras su desaparición.
Según esa línea investigativa, las manos habrían sido conservadas para utilizar las huellas digitales de la víctima y la cabeza para intentar mecanismos de reconocimiento facial vinculados a operaciones bancarias.
Además, se sospecha que el jubilado habría sido torturado para obtener información sobre el dinero proveniente de la indemnización.
La causa continúa bajo estricto hermetismo mientras las fuerzas de seguridad intentan localizar a los prófugos y reconstruir las últimas horas de vida de Cepeda.
Fuente: A.N.A
