En una decisión de alto impacto ambiental y político, la Justicia Federal con asiento en la provincia de Santa Cruz resolvió suspender de manera provisoria la reforma de la Ley de Glaciares, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas.
El fallo ordena frenar la aplicación de los cambios impulsados recientemente hasta tanto se analice en profundidad su constitucionalidad y los posibles efectos sobre el ambiente. Según argumentaron los demandantes, la modificación de la norma podría habilitar actividades extractivas en zonas protegidas, poniendo en riesgo ecosistemas sensibles y reservas estratégicas de agua dulce.
La resolución judicial sostiene que existe “peligro en la demora” y advierte sobre posibles daños irreversibles si la reforma entra en vigencia sin los controles adecuados. En ese sentido, el tribunal consideró necesario preservar el estado actual de las áreas glaciares y periglaciares mientras avanza el proceso judicial.
Desde sectores ambientalistas celebraron la medida al considerarla un freno a lo que califican como un “retroceso en materia de protección ambiental”. En tanto, desde ámbitos vinculados a la producción y la minería manifestaron preocupación por el impacto que la decisión podría tener en inversiones y proyectos en desarrollo en la región.
La Justicia Federal Argentina continuará ahora con el análisis de fondo del planteo, que podría derivar en la ratificación definitiva de la suspensión o en la habilitación de la reforma, dependiendo de lo que se determine en las próximas instancias judiciales.
El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, en una provincia donde la actividad minera y los recursos naturales ocupan un lugar central en la agenda pública.
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