El costo económico de las amenazas a escuelas comenzó a trasladarse a las familias de los responsables. Este lunes se concretó la primera notificación formal: un padre fue intimado a pagar $6.024.944 por el operativo de seguridad desplegado tras una falsa alerta en un establecimiento educativo.
La notificación fue entregada por personal policial en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor señalado como autor del hecho. Al recibir el detalle del monto, uno de ellos reaccionó con una frase que sintetizó el impacto de la medida: “Cara la jodita”.
El procedimiento forma parte de un esquema que busca recuperar los gastos generados por este tipo de episodios, que implican la intervención de móviles policiales, brigadas especializadas —como explosivos—, además de combustible y horas de servicio.
Según se informó, ya fueron identificados los responsables de 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos responsables. En muchos casos se trata de menores, por lo que la responsabilidad económica recae sobre sus padres.
Cada intimación detalla el monto correspondiente al operativo específico y establece un plazo de cinco días para el pago. En caso de incumplimiento, la deuda puede ser derivada a instancias judiciales civiles, con posibilidad de embargo de bienes o ingresos.
El monto total que se busca recuperar por los casos ya identificados supera los 250 millones de pesos, una cifra que podría incrementarse a medida que se validen nuevas identidades vinculadas a amenazas recientes.
Las autoridades aclararon que no se trata de sanciones penales, sino de reclamos civiles por los costos que generan este tipo de intervenciones, que movilizan recursos significativos ante cada alerta.
Cadena 3
