La Cámara de Casación dispuso el decomiso de propiedades de la ex presidenta y sus hijos en la causa Vialidad. El monto supera los $684 mil millones.
La Justicia avanzó con una medida de alto impacto en la causa Vialidad y ordenó ejecutar bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados, con el objetivo de cubrir una suma que supera los $684 mil millones.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes dispusieron avanzar sobre el patrimonio vinculado a la ex mandataria en el marco de la condena ya firme.
El fallo establece el decomiso de activos hasta alcanzar los $684.990.350.139,86, cifra actualizada tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Inicialmente, la sentencia había fijado un monto menor, pero fue recalculado en función de variables económicas.
Entre los bienes alcanzados figuran inmuebles a nombre de la ex presidenta y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de propiedades vinculadas a empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti Hnos.
El listado incluye propiedades en la provincia de Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos. Entre ellas, se destaca un inmueble de más de 6.000 metros cuadrados ubicado sobre la avenida 17 de Octubre, adquirido en 2007.
También figuran una serie de lotes en la capital santacruceña, varios de ellos sobre la calle Mitre, además de otras propiedades en calles céntricas como 25 de Mayo y Presidente Néstor Kirchner.
En la zona de El Calafate, la medida alcanza terrenos de gran extensión, algunos vinculados al desarrollo del complejo hotelero Los Sauces, que forma parte de otra investigación judicial. Se incluyen además parcelas que superan los 40 mil y 80 mil metros cuadrados, incorporadas al patrimonio familiar durante la década pasada.
La resolución también prevé avanzar sobre bienes de otros condenados, como José López y Nelson Periotti, en caso de que los activos decomisados inicialmente no alcancen para cubrir el monto total establecido.
Según se desprende del fallo, los involucrados no cumplieron con la intimación judicial para abonar la suma fijada, lo que habilitó el avance sobre sus bienes.
El caso Vialidad investiga el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz y derivó en una de las condenas más relevantes por corrupción en la historia reciente del país. Con esta decisión, la Justicia busca efectivizar el recupero de los fondos considerados producto de maniobras irregulares.
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