En un nuevo escándalo que sacude la industria pesquera, dos empresarios vinculados al sector están siendo investigados por adulteración de documentos públicos y asociación ilícita. Se trata de Franco Massari, un empresario marplatense, y Luis Salomón, propietario de buques pesqueros en Rawson, quienes estarían involucrados en el ingreso ilegal de langostinos desde Chubut a Santa Cruz.
El caso estalló en el marco del conflicto relacionado con la planta ex Barilari, cuando un camión cargado con langostinos provenientes de Chubut fue detenido al intentar ingresar al establecimiento pesquero, tras descubrirse que los documentos de tránsito estaban falsificados.
Según fuentes cercanas, tanto las provincias de Santa Cruz como Chubut están presentando denuncias penales contra los empresarios mencionados, además de las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre, que habrían facilitado el ingreso del langostino con documentación alterada o sin la debida autorización.
Los camiones de Massari transportaban langostinos desde diversos barcos del puerto de Rawson, utilizando una guía de tránsito falsificada emitida por la pesquera Arvi S.A., dirigida por Luis Salomón.
Pero más aun; esta guía, que era autorizada por una inspectora de la Secretaría de Pesca de Chubut, hacía constar que la mercadería estaba destinada a Conarpesa, en el puerto de Caleta Paula.
El intrincado esquema de fraude no termina allí ya que, al parecer, los involucrados confeccionaban permisos de tránsito restringido respaldados por autoridades de Senasa, para trasladar el langostino hasta la ex Barilari, donde las cooperativas completaban el proceso de “blanqueo” del producto de mar.
Ante las irregularidades detectadas, tanto Santa Cruz como Chubut presentaron denuncias penales contra Massari, Salomón y las cooperativas involucradas. Este caso ha generado preocupación en la industria pesquera, exponiendo debilidades en el control del traslado y la comercialización de productos marítimos.
Las autoridades destacaron que este tipo de prácticas no sólo afectan la competitividad del sector, sino que también representan un grave delito contra la transparencia y la economía regional. (Crónica)
