FESPROSA advierte que el cambio de gestión profundiza el desfinanciamiento del sistema
El gobierno nacional designó el pasado 22 de septiembre a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches. Di Liscia presidió el IOMA de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Según lo informado oficialmente, su prioridad declarada será continuar con la auditoría de pensiones por invalidez laboral para detectar aquellas "otorgadas de manera fraudulenta". "En medio de estas maniobras nombran a un nuevo funcionario de pergaminos dudosos, que ya dijo que su prioridad no va a ser asegurar las prestaciones, recobrar los presupuestos ni brindar una atención digna al enorme colectivo de discapacidad", señaló Jorge Yabkowski, secretario de organización de FESPROSA. El nombramiento se conoció el mismo día en que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, junto a otras 18 personas, en la causa por presunta corrupción en la compra de insumos para el organismo. Según la propia auditoría oficial que motivó la intervención de la agencia, se detectaron sobreprecios de hasta el 4239% y un desfasaje de 180.000 millones de pesos que no llegaron a las prestaciones del colectivo con discapacidad. "Si no fuera una afrenta, parecería una comedia negra: insisten con la motosierra sangrienta contra los pobres para transferir esos fondos y satisfacer a los ricos, funcional a que a Caputo le cierren las cuentas para pagar al Fondo Monetario y a los fondos buitre", afirmó Yabkowski. A esto se suma que el gobierno se prepara para incumplir nuevamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, recortando los fondos en el nuevo presupuesto. El proyecto de Presupuesto 2027 en debate en el Congreso propone derogar artículos centrales de la ley 27.793: elimina la garantía de aranceles únicos en las prestaciones, quita el traspaso automático de beneficios y reemplaza el criterio del Certificado Único de Discapacidad (hoy basado en un modelo social) por uno de "invalidez laboral", que además vuelve la pensión incompatible con cualquier empleo registrado. La iniciativa fue cuestionada por distintos bloques de la oposición, que la calificaron de "discrecional" e "inconstitucional". "En lugar de encarar de frente la situación, el gobierno presiona a los gobernadores y a los bloques aliados para que lo acompañen en una nueva estafa al colectivo de discapacidad", sostuvo Yabkowski, quien también apuntó contra la continuidad del discurso oficial sobre las pensiones: "Vuelven a insistir con la versión ya gastada que el propio gobierno usó en 2024, cuando el entonces vocero Manuel Adorni intentó instalar en los medios, con radiografías de perros, que el grueso de las pensiones por discapacidad estaban mal otorgadas". Para FESPROSA, la secuencia no es casual: mientras la Justicia confirma que se desviaron fondos que debían llegar a las prestaciones del colectivo con discapacidad, el gobierno elige para conducir el área a un funcionario cuya tarea prioritaria, según el propio Ejecutivo, será seguir auditando y dando de baja pensiones, y no restituir lo defraudado ni garantizar una atención digna. "Unamos fuerzas. Trabajadores de la salud, colectivo de discapacidad, universitarios, el pueblo, todos, para movilizarnos en las calles e impedir este nuevo atropello", convocó Yabkowski. FESPROSA reafirmó que la salud y la atención a la discapacidad son derechos humanos que el Estado debe garantizar, y no una variable de ajuste, y llamó a los trabajadores de la salud, las organizaciones del colectivo de discapacidad y la comunidad universitaria a sostener la movilización en defensa del sistema de prestaciones y contra cualquier intento de recorte en el Presupuesto 2027.
