LÁZARO BÁEZ: EL IMPERIO QUE SE DERRUMBA ENTRE MILLONES, BIENES EMBARGADOS Y SOSPECHAS DE NARCOLAVADO
El empresario que construyó una de las mayores fortunas durante el kirchnerismo vuelve a quedar en el centro de un escándalo judicial. La Justicia Federal investiga una presunta organización que habría administrado desde la cárcel propiedades millonarias y mantenido conexiones operativas con una banda dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz. POLICIALES | LIBERTAD NOTICIAS Lunes 16 de noviembre de 2026

El nombre de Lázaro Báez vuelve a sacudir el escenario judicial y político de Santa Cruz. Esta vez, el empresario condenado por corrupción y lavado de dinero enfrenta una nueva investigación que amenaza con revelar cómo continuaban funcionando algunos engranajes de su antiguo imperio económico, incluso mientras permanecía detenido en el penal de Ezeiza.
La causa, que involucra movimientos financieros estimados en casi 391 millones de pesos, expone una compleja trama de sociedades, propiedades rurales, alquileres, intermediarios y presuntas conexiones con una organización dedicada al narcotráfico.
Lo que comenzó como una investigación sobre la comercialización de cocaína en Río Gallegos terminó descubriendo posibles vínculos con personas que administraban parte del patrimonio del empresario.
DE LOS CONTRATOS MILLONARIOS A LAS ÓRDENES DESDE LA CÁRCEL
Durante años, Lázaro Báez fue uno de los empresarios más poderosos de la Patagonia. Su grupo económico, encabezado por Austral Construcciones, acumuló contratos de obra pública, propiedades, estancias, vehículos y sociedades comerciales.
Su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, las investigaciones judiciales por corrupción y lavado de activos marcaron el comienzo del derrumbe de aquella estructura empresarial.
Actualmente, Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como la Ruta del Dinero K y Vialidad.
Pero las nuevas actuaciones judiciales plantean un interrogante todavía más inquietante: ¿cómo podía continuar interviniendo en la administración de bienes sujetos a restricciones judiciales desde una cárcel federal?
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Báez habría impartido instrucciones telefónicas a personas de su confianza para mantener activos determinados negocios, cobrar alquileres y administrar propiedades alcanzadas por embargos o decomisos.
CASI 391 MILLONES DE PESOS BAJO INVESTIGACIÓN
La Unidad Fiscal de Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), formalizó una nueva imputación contra el empresario.
La investigación identificó un flujo financiero estimado en 390.880.000 pesos.
Los fiscales sostienen que una organización integrada por colaboradores cercanos habría desarrollado operaciones para conservar el control económico de bienes cuya administración estaba restringida judicialmente.
Entre los delitos investigados aparecen lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Es importante señalar que estas nuevas imputaciones se encuentran en etapa de investigación y todavía no constituyen una condena.
LA CONEXIÓN CON UNA PRESUNTA BANDA NARCO
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la vinculación entre el entorno de Báez y una organización sospechada de comercializar cocaína en Santa Cruz.
La investigación apunta especialmente a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", señalado como un presunto operador territorial del empresario y, simultáneamente, investigado por su participación en una estructura narcocriminal.
Según la hipótesis fiscal, la banda habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025.
Los investigadores sostienen que los estupefacientes eran transportados mediante camiones y distribuidos a través de una red que utilizaba, entre otros lugares, un lavadero y lubricentro de Río Gallegos.
También se investigan movimientos mediante billeteras virtuales, cuentas de terceros y adquisiciones de vehículos de alta gama.
La coincidencia de operadores entre ambas estructuras es uno de los principales elementos que busca esclarecer la Justicia.
Hasta el momento, no se ha establecido mediante sentencia que Báez haya participado personalmente en el tráfico de drogas. La investigación apunta a determinar los vínculos entre ambas organizaciones y las posibles maniobras de lavado de activos.
EL PAPEL DE SU PAREJA Y LOS DOCUMENTOS SECUESTRADOS
Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, aparece entre las personas investigadas por su presunta participación en la administración de bienes y movimientos financieros.
El 9 de noviembre, un procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza permitió interceptar a integrantes del entorno del empresario que trasladaban cuatro valijas.
Entre los elementos encontrados había documentación contable, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dinero, tarjetas bancarias y el pasaporte de Báez.
Posteriormente, los investigadores allanaron propiedades en Santa Cruz y la propia celda del empresario.
Allí se encontraron anotaciones y documentos que, según la fiscalía, permitirían reconstruir parte del funcionamiento de la organización.
Uno de los papeles llevaba un título particularmente llamativo: "EL CLAN".
La documentación contenía nombres relacionados con personas investigadas y fue incorporada al expediente como elemento de prueba.
ESTANCIAS, EDIFICIOS Y EMPRESAS BAJO LA LUPA
La investigación también alcanza a propiedades que formaron parte del entramado económico del empresario.
Entre los bienes mencionados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de inmuebles en Río Gallegos y El Calafate.
También figuran sociedades como Kank y Costilla y Austral Agro, unidades del edificio Koonek, galpones y contratos de alquiler.
La fiscalía intenta determinar si estos activos continuaban generando ingresos mediante operaciones realizadas por terceros, pese a encontrarse afectados por medidas judiciales.
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dispuso medidas de prisión preventiva para varios de los imputados y estableció un plazo máximo de dos años para las investigaciones.
SANTA CRUZ ANTE UN NUEVO CAPÍTULO JUDICIAL
La repercusión del caso adquiere especial importancia en Santa Cruz, provincia donde Báez construyó buena parte de su poder empresarial.
Durante años, su nombre estuvo asociado a grandes contratos de infraestructura, establecimientos rurales y numerosas inversiones inmobiliarias.
Hoy, aquel patrimonio se encuentra atravesado por condenas, embargos, decomisos y nuevas investigaciones.
La aparición de una presunta conexión con operadores del narcotráfico agrega una dimensión especialmente preocupante a una historia que parecía concentrada en la corrupción y el manejo irregular de fondos públicos.
EL FINAL DE UN IMPERIO QUE TODAVÍA GUARDA SECRETOS
La caída de Lázaro Báez representa uno de los procesos judiciales y empresariales más significativos de las últimas décadas en la Patagonia.
De convertirse en uno de los principales contratistas de obra pública del país, pasó a cumplir una extensa condena en una prisión federal.
Sin embargo, las nuevas investigaciones sugieren que algunos mecanismos de control económico podrían haber sobrevivido a su encarcelamiento.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar hasta dónde llegaron esas operaciones, qué responsabilidades corresponden a cada uno de los involucrados y si existió una conexión financiera delictiva entre el patrimonio del empresario y la organización investigada por narcotráfico.
El imperio económico de Lázaro Báez ya no conserva el poder que tuvo durante sus años de expansión. Pero la nueva causa demuestra que todavía quedan capítulos por investigar sobre el destino de sus bienes, el movimiento del dinero y las personas que habrían continuado operando en su nombre.
Libertad Noticias | Investigación especial
Fuentes de la investigación
La información principal proviene del comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, publicado el 13 de noviembre de 2026. También se contrastaron datos con La Nación, TN y La Opinión Austral.




