El Gobierno provincial negó que exista una reforma previsional en análisis y confirmó que convocará a paritarias con los gremios estatales. La declaración de emergencia económica buscará ordenar las finanzas públicas, priorizar servicios esenciales y establecer mecanismos de control del gasto hasta diciembre de 2026.
Durante la jornada de este miércoles, el Gobierno de Santa Cruz salió a desmentir versiones sobre una reforma previsional y a ratificar que convocará a paritarias con los gremios estatales. La medida busca tranquilizar a los trabajadores y garantizar que la declaración de emergencia tenga como prioridad salud, educación, seguridad y el desarrollo integral de los santacruceños, mientras se avanza en un proceso de administración de las finanzas de las cuentas públicas.
Las declaraciones fueron realizadas por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, quien señaló que la medida apunta a ordenar la situación financiera de la provincia, priorizando el funcionamiento de áreas sensibles del Estado. En esta línea, el funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las versiones que se instalaron en los últimos días: “No hay una reforma previsional en estudio y vamos a convocar a paritarias”, afirmó.
La declaración de emergencia —que se propone hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga— tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y, de este modo, avanzar en un proceso de racionalización del gasto público.
En este marco, el proyecto contempla que el Ejecutivo pueda adoptar medidas extraordinarias de administración, entre ellas la reorganización del gasto estatal con prioridad en salud, educación y seguridad, la revisión o renegociación de contratos vigentes y la posibilidad de frenar incrementos salariales que no cuenten con respaldo presupuestario. Asimismo, el proyecto propone un esquema de priorización del gasto público, clasificando las erogaciones del Estado en gastos vitales, operativos y diferibles, de este modo, asegurando que los recursos se orienten principalmente a sostener los servicios esenciales.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo, con el objetivo de garantizar el control y la trazabilidad de las decisiones que se adopten durante el período de emergencia.
Suspensión de nuevos ingresos
Dentro de las medidas previstas, se establece la suspensión de nuevos ingresos a la administración pública, salvo en casos críticos o indispensables para el funcionamiento del Estado. En ese sentido, cualquier incremento salarial deberá contar previamente con los recursos necesarios para su financiamiento.
Emergencia, gasto público y control legislativo
En cuanto a las interpretaciones sobre un eventual congelamiento salarial, Luxen aclaró que no se trata de una pauta salarial cero para los trabajadores estatales. De igual modo, indicó que la referencia realizada por el Gobierno estuvo vinculada específicamente al Poder Judicial, al plantear que cualquier incremento salarial debe contemplar previamente de dónde saldrán los recursos para afrontarlo dentro del presupuesto provincial.
En este contexto, respecto de la posibilidad de tomar financiamiento, el funcionario recordó que la autorización para la toma de deuda ya se encuentra contemplada en el presupuesto vigente, y subrayó que la emergencia no implica un endeudamiento automático, sino la posibilidad de contar con herramientas para evitar un deterioro mayor en la situación financiera de la provincia.
Por otra parte, también se refirió a la pasividad anticipada voluntaria, un régimen que permitirá que ciertos trabajadores puedan retirarse antes de alcanzar la edad jubilatoria, percibiendo un porcentaje de su haber. En esta línea, esta medida está destinada a facilitar una transición ordenada dentro de la administración pública sin afectar el funcionamiento de áreas consideradas críticas.
“El objetivo es equilibrar las cuentas sin comprometer el futuro de la provincia, priorizando los servicios esenciales con un plan responsable y sustentable”, señaló el jefe de Gabinete. De este modo, se asegura que cada medida se adopte con prudencia, priorizando el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad financiera de la provincia.
Finalmente, se indicó que la iniciativa será enviada como proyecto de ley y deberá atravesar el debate en las comisiones correspondientes de la Legislatura provincial, antes de su eventual aprobación. En esta línea, el Gobierno subraya que todas las medidas se toman con prudencia, priorizando el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad financiera de la provincia.
Con información de La Opinión Austral
