Por Juan Suarez: Este martes 3 de marzo comenzará en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz y se extenderá hasta el 8 de julio, con audiencias de lunes a jueves en semanas alternadas.
Con el inicio del debate oral, la Justicia Federal abre una etapa clave para determinar si existió responsabilidad penal en la cadena de mando que autorizó la misión del ARA San Juan. Las familias de los 44 tripulantes seguirán cada audiencia con la expectativa de que el juicio aporte respuestas y establezca responsabilidades por una de las tragedias navales más graves de la historia argentina.
Según pudo saber La Opinión Austral, los cuatro imputados van declarar en esta instancia ante los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. Es por eso que en la audiencia preparatoria sus abogados defensores solicitaron que no sea incorporado al juicio el testimonio brindado en la instrucción encabezado por la jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez.
El presidente del Tribunal ordenó que todos los imputados por el hundimiento del submarino estén presentes en la lectura del requerimiento de elevación a juicio, por lo que fuentes judiciales estimaron-según pudo saber La Opinión Austral-, que los testimonios de los procesados podrían darse los primeros días del juicio, luego de que el Tribunal lea la imputación formal y ordene el esquema de audiencias.
En diciembre, Reynaldi expresó que la idea es que “en la primera semana se realicen los primeros requerimientos y citar los primeros testigos que a criterio de las partes sean los principales para ir ilustrando al Tribunal sobre los hechos”. Entonces, los abogados defensores dijeron que no tenían definido el momento para que sus clientes declaren.
Los cuatro acusados
En el banquillo se sentarán el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
Los cuatro enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
López Mazzeo, quien era comandante de Adiestramiento y Alistamiento —máxima autoridad operativa de la Armada—, deberá responder por haber autorizado la misión pese a conocer el estado técnico del submarino y por no asumir el control operativo pleno durante la emergencia. Lo defenderá el abogado Gastón Morillo,
Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos, recibió previamente un acta con 47 desperfectos técnicos informados por el comandante Pedro Martín Fernández. La acusación sostiene que no ordenó que la navegación se realizara en superficie tras el incendio en baterías ni dispuso ayuda inmediata. Su abogado defensor es Juan Pablo Vigliero.
Alonso, exjefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y responsable de Mantenimiento y Arsenales, afronta cargos por no garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico y por no activar con rapidez el Estado Mayor ante la crisis.
Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, fue quien recibió el primer mensaje satelital que informaba el principio de incendio en el tanque de baterías. La fiscalía le atribuye haber minimizado la gravedad del hecho y no activar los protocolos correspondientes.
Estos dos últimos son representados por Marcos Roque González a cargo de la Unidad de defensa pública de la ciudad de Caleta Olivia y la coadyudante Nadia Piris Damota, en forma conjunta.
El hundimiento
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. La última comunicación reportó un ingreso de agua por el sistema de ventilación que afectó las baterías.
Tras una búsqueda internacional sin precedentes, el submarino apareció en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. La implosión destruyó la nave y no dejó sobrevivientes.
A bordo viajaban 44 tripulantes, entre ellos el comandante Pedro Martín Fernández; el segundo comandante Jorge Ignacio Bergallo; la teniente de navío Eliana María Krawczyk, primera submarinista del país; y cuatro decenas de oficiales y suboficiales con amplia trayectoria en la Armada.
Pruebas, secreto militar y un alemán
Una de las pruebas centrales será el material fílmico del hallazgo, registrado por la empresa Ocean Infinity. El tribunal ordenó preservar los discos rígidos originales, que cuentan con clave de desencriptación, y trabajar sobre copias de seguridad.
También incorporarán documentación confidencial remitida por la Armada con carácter de secreto militar, que incluye planos y cortes longitudinales y transversales del submarino.
El tribunal aceptó la autenticidad del informe elaborado por la empresa alemana Thyssen-Krupp y citó a declarar a un técnico de la firma para que explique su contenido, que se conocerá este martes. Su testimonio deberá limitarse al informe ya confeccionado.
El juicio se realizará en la sede del TOF de Río Gallegos, en la Avenida Kirchner, casi esquina San Martín, en una sala de audiencias pequeña en donde se espera recibir además de todos los acusados y familiares de los marinos, el desfile de unos 70 testigos presenciales y la colocación de una maqueta del submarino para ayudar al Tribunal a entender el siniestro.
Alrededor de 100 testigos
El juicio contará con alrededor de 100 testigos. Declararán sonaristas que participaron en la búsqueda, altos mandos navales y especialistas técnicos. Entre ellos figuran Pablo Matías Brigapelo y Miguel Ángel Barrionuevo, quienes operaron sistemas de escucha durante el operativo, y son clave para la querella.
También comparecerán el actual jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, y el jefe saliente, Carlos María Alievi, además de numerosos oficiales superiores.
El tribunal aceptó el desistimiento de testigos del ámbito político. No declararán el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad ni el exjefe de Gabinete Marcos Peña. La causa conra ellos sigue abierta el el Juzgado Federal de Caleta Olivia y lo que suceda en el juicio en Río Gallegos será trascendental para el avance de las responsabilidades políticas.
En Santa Cruz
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio se realice en Santa Cruz y rechazó el planteo para trasladarlo a Mar del Plata o los tribunales de Comodoro Py como pretendían los defensores y una parte de la querella. El tribunal lo preside Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
En Santa Cruz
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio se realice en Santa Cruz y rechazó el planteo para trasladarlo a Mar del Plata o los tribunales de Comodoro Py como pretendían los defensores y una parte de la querella. El tribunal lo preside Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
El Ministerio Público Fiscal actuará a través de un equipo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, quien estará acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.
En las querellas, la abogada Valeria Carreras representa a 34 familiares, y por otro lado, el abogado Luis Tagliapietra en representación de su hijo, el teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, de 27 años, y de 12 familias más. Carreras fue la que más promovió que el juicio oral se realice en Río Gallegos.
Con información de La Opinión Austral
