Según consigna la Opinión Austral: Vocales de las Juntas de Clasificación advirtieron sobre incrementos desproporcionados en los puntajes y la necesidad de revisar certificaciones que podrían haber alterado el Orden de Mérito. Mediante resolución, el Consejo Provincial de Educación formalizó la intervención y no se descarta la posible comisión de ilícitos en caso de que se comprueben irregularidades.
Las irregularidades en el ítem “Otros Títulos” de los Listados Docentes 2026 fueron expuestas por vocales de las propias Juntas de Clasificación, que advirtieron sobre incrementos desproporcionados en los puntajes y la necesidad de revisar certificaciones que podrían haber alterado el Orden de Mérito.
En ese contexto, el Consejo Provincial de Educación formalizó la intervención mediante la Resolución N° 0312/26, firmada el 10 de febrero de 2026 por la presidenta del organismo, Iris Rasgido. En el documento se reconoce un “incremento extraordinario y masivo” en el ítem cuestionado y no se descarta la posible comisión de ilícitos si se comprueban irregularidades.
La vocal de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Carolina Belmonte, explicó que, de acuerdo con lo expuesto y lo detectado en el análisis de los listados, se registraron múltiples diplomaturas y actualizaciones académicas presentadas en simultáneo, con cargas horarias que, en algunos casos, superarían parámetros razonables de cursado anual.
Además, señaló que varias capacitaciones tendrían la misma fecha de finalización, lo que genera dudas concretas sobre su efectiva realización.
Uno de los ejemplos mencionados muestra que un docente pasó de 58,45 puntos en el listado definitivo 2025 a 103,15 puntos en la nueva valoración, es decir, un incremento superior a los 44 puntos dentro de un mismo ítem.
Por su parte, la profesora Karina Silvi, vocal de la Junta de Clasificación de Educación Técnica, sostuvo que el malestar entre los docentes “no es menor”.
Según explicó, un docente que cursa una carrera de grado universitaria, con una carga académica exigente y un mínimo de cinco años de formación, obtiene al recibirse apenas tres puntos dentro del sistema de clasificación.
Sin embargo, remarcó que se presentaron certificaciones que pretendían el reconocimiento de 30 o incluso 40 puntos por formaciones que habrían sido realizadas en lapsos de apenas dos o tres meses.
En esa línea, Silvi advirtió que, por la carga horaria declarada, sería materialmente imposible cursar en forma simultánea dos o tres diplomaturas o especializaciones intensivas en un período tan acotado, cumpliendo además con las obligaciones laborales habituales.
Para las autoridades del CPE, la discusión excede lo administrativo y se vincula directamente con la equidad y la transparencia del sistema.
Bajo revisión
Desde el Consejo Provincial de educación se detectó una modalidad que, según trascendió, se viene dando desde hace un tiempo con organizaciones que ofrecerían formaciones garantizando la emisión inmediata del certificado, incluso con entrega de respuestas de exámenes, siempre que el curso sea abonado en su totalidad.
En esos casos, el requisito central no sería el aprendizaje ni la instancia real de evaluación, sino el pago, lo que permitiría obtener rápidamente certificaciones con impacto directo en el puntaje docente.
Este esquema guarda similitudes con hechos que fueron de público conocimiento en la provincia de Salta, donde se investigaron mecanismos de comercialización de certificados académicos que derivaron en denuncias penales.
Con la intervención formal del Consejo Provincial de Educación, ahora la revisión apunta a determinar la validez de la documentación presentada y establecer si las irregularidades detectadas derivarán en responsabilidades concretas.
