Tras la decisión de la firma y la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno, los delegados se mantienen en el lugar como parte de la medida de fuerza.
El conflicto en la histórica fabricante de neumáticos Fate sumó un nuevo capítulo judicial. Tras el anuncio del cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, la Justicia ordenó el desalojo inmediato de los trabajadores que continúan dentro del predio como parte de la medida de fuerza.
La decisión se produce en un escenario de alta tensión, con presencia de agentes de la Policía Bonaerense en las inmediaciones y manifestaciones tanto en el interior de la planta como en los accesos. De acuerdo con fuentes gremiales, en el establecimiento permanecen operarios y al menos un delegado, mientras se desarrollan conversaciones informales atravesadas por la incertidumbre.
El cierre fue comunicado de manera abrupta. Los empleados tomaron conocimiento al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades. La medida implica el despido de 920 trabajadores y marca el final de más de ocho décadas de producción en el país para una de las plantas emblemáticas del sector.
Conciliación obligatoria y despidos
Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo encabezada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días. La disposición ordenó dejar sin efecto los 920 despidos e instó a la empresa y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a retomar las negociaciones en una audiencia formal.
La convocatoria oficial se dio en un contexto de protestas sostenidas. Desde este miércoles, trabajadores se manifestaron dentro del predio y en los accesos, mientras que algunos empleados permanecieron en los techos como forma de visibilizar el reclamo.
Más temprano, la compañía había ratificado su decisión mediante un escrito en el que informó el cese de actividades “a partir del día de la fecha”, aludiendo a “cambios en las condiciones de mercado”. En el comunicado, Fate repasó su trayectoria de más de 80 años, su perfil exportador y su rol en el desarrollo tecnológico de la industria, destacando que fue pionera en la provisión de neumáticos radiales para la industria automotriz local.
Antecedentes de la crisis
Según la firma, el deterioro de la actividad no es reciente. La empresa señaló que el proceso de ajuste comenzó en 2019 con la reducción de 450 puestos de trabajo y continuó en los años siguientes. En julio de 2024, ya bajo la administración de Javier Milei, solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), tras una marcada caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación.
En ese marco, reportó pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en la primera mitad de 2024 y una contracción del 30% en la demanda interna, variables que —según la empresa— condicionaron la continuidad operativa de la planta.
Cruce con el sindicato y episodio judicial
Desde el SUTNA rechazaron los argumentos empresariales y cuestionaron la legalidad del cierre. El secretario general del gremio, Alejandro Crespo, calificó la decisión como “totalmente ilegal” y sostuvo que la compañía no cumplió con los procedimientos correspondientes. Además, remarcó el impacto social de la medida y afirmó que los trabajadores llevan 14 meses sin actualizaciones salariales.
El conflicto escaló en paralelo en el plano judicial. La Policía Bonaerense informó que Crespo y otros 14 empleados ingresaron al predio tras cortar el alambrado perimetral, lo que derivó en la intervención de la fiscalía. El fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó la identificación de los involucrados por el presunto delito de turbación de la propiedad. El dirigente sindical fue inicialmente detenido y posteriormente liberado.
Por su parte, el delegado Miguel Ricciardulli advirtió que la actividad venía mostrando signos de deterioro en los últimos meses. También subrayó que una parte significativa de los trabajadores afectados ronda los 45 años y acumula más de dos décadas de antigüedad en la compañía, un dato que amplifica la preocupación por el impacto laboral y social del cierre.
