La Justicia pidió la elevación a juicio por el vuelco del micro de Vía Tac ocurrido en la Ruta 51, tras una investigación que se extendió durante diez meses. El conductor enfrenta cargos penales por conducción imprudente, mientras el expediente reconstruyó fallas técnicas previas, testimonios de sobrevivientes y pericias clave.
A diez meses del siniestro vial que conmocionó a al sur del país y centro de la provincia de Buenos Aires, la causa judicial por el vuelco del colectivo de larga distancia en General La Madrid ingresó en una instancia decisiva. Con el fin de la feria judicial, a principios de febrero de 2026, la fiscalía pidió la elevación a juicio y confirmó la imputación contra el chofer Daniel Alejandro Pereyra por homicidio culposo agravado, a raíz de seis muertes y 25 personas lesionadas, entre heridos graves y leves.
El requerimiento cerró formalmente la etapa de instrucción. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, a cargo del juez Carlos Villamarín, y ahora resta la confirmación judicial para avanzar hacia el debate oral.
El chofer es el un único imputado
La investigación estuvo a cargo de la Ayudante Fiscal de General La Madrid, María Belén Colantonio, bajo la supervisión del fiscal Christian Urlezaga, titular de la UFI N° 7 de Olavarría. El trabajo demandó el plazo máximo previsto por la ley y derivó en un expediente de más de 600 fojas, con declaraciones de pasajeros, testigos, personal de emergencia y especialistas técnicos.
Tal como informó La Opinión Austral desde abril del año pasado en una cobertura especial, desde el inicio, la fiscalía descartó la participación de otros vehículos y concentró la pesquisa en la responsabilidad del conductor y en el estado del colectivo. Aunque las pericias señalaron deficiencias en la señalización y la iluminación del cruce de las rutas provinciales 51 y 76, los investigadores concluyeron que la maniobra imprudente del chofer resultó determinante en la mecánica del vuelco.
La carátula quedó establecida como homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la pluralidad de víctimas fatales, y lesiones graves y leves culposas en concurso ideal.
El viaje desde Caleta Olivia y los problemas técnicos previos
El colectivo de la empresa Vía Tac, interno 989, partió desde la terminal de Caleta Olivia con destino final a La Plata. Se trataba de una unidad de doble piso que realizó una parada en Comodoro Rivadavia, donde subieron más de 20 pasajeros. En total, viajaban 32 personas, además de los dos choferes.
Durante el trayecto, surgieron problemas mecánicos que obligaban a reemplazar el vehículo en Bahía Blanca, según los reportes previos. Ese cambio nunca se concretó y el micro continuó su recorrido hacia el norte con la misma unidad, un dato que luego incorporó la investigación judicial.
El vuelco en la Ruta 51
El accidente ocurrió el domingo 6 de abril de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, en el kilómetro 550 de la Ruta Provincial 51, cerca del cruce con la Ruta 76, en jurisdicción de General La Madrid, una zona señalizada pero considerada de alta peligrosidad vial.
Según la reconstrucción oficial, el chofer perdió el control del rodado, el colectivo volcó sobre la cinta asfáltica y se arrastró varios metros hasta detenerse. Varios pasajeros salieron despedidos del habitáculo durante el impacto.
Dos personas quedaron atrapadas debajo de la estructura del micro. Los rescatistas debieron esperar una grúa de gran porte para levantar el chasis y recuperar los cuerpos, en una escena de extrema complejidad.
Operativo de rescate
En los minutos posteriores al vuelco, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Intervinieron Bomberos Voluntarios de General La Madrid y Laprida, personal policial, ambulancias y equipos médicos.
Los heridos recibieron atención inicial en el Hospital Municipal Mariano Etchegaray de La Madrid y luego se derivaron pacientes al Hospital Dr. Héctor Cura de Olavarría. Otros damnificados permanecieron alojados de manera transitoria en el Polideportivo municipal, hasta que la empresa y las familias organizaron los traslados.
Una sobreviviente relató que salió despedida del colectivo y se encontró sobre la ruta, rodeada de heridos, un testimonio que formó parte del cúmulo de pruebas incorporadas al expediente.
Las víctimas y el impacto en la comunidad
El vuelco dejó cinco fallecidos en el lugar y, con el correr de los días, se confirmó la muerte de una sexta víctima, que permanecía internada con heridas de extrema gravedad en Olavarría. La tragedia golpeó con fuerza a distintas provincias, en especial a Santa Cruz, Río Negro y Chubut donde varias de las personas fallecidas residían o tenían vínculos familiares.
Las personas que perdieron la vida en el vuelco del colectivo de Vía Tac fueron: Nora Anagua López (61), de nacionalidad boliviana, residente en Liniers, Buenos Aires; Felipa Susana Conti (74), de Rawson, Chubut; María Kateryne Delgado Oropeza (25), venezolana, domiciliada en Las Grutas, Río Negro; Yolanda Mabel Schulz (53), enfermera de Caleta Olivia, Santa Cruz; Lucas Kevin Sosa (31), de San Justo, La Matanza; y Mirtha Beatriz Linares (74), oriunda de San Antonio Oeste, Río Negro, quien permanecía internada por las graves heridas sufridas en el siniestro y días más tarde falleció.
Entre los casos que generaron mayor conmoción se destacó el de una enfermera de Caleta Olivia, muy reconocida en el ámbito sanitario local, y el de una mujer mayor que viajaba a La Plata para conocer a su bisnieto. Familiares de algunas víctimas denunciaron falta de contención y comunicación por parte de la empresa tras el accidente.
La declaración del chofer y las conclusiones judiciales
Pereyra quedó detenido de manera preventiva tras el siniestro, aunque días después recuperó la libertad. Al declarar ante la fiscalía, admitió que no conocía la ruta y sostuvo que se encontró de manera sorpresiva con una curva, sin margen para maniobrar. Además reiteró varias veces que no se quedó dormido.
Esa declaración, sumada a las pericias accidentológicas, al análisis del tacógrafo realizado por la CNRT y al trabajo de la Junta de Seguridad en el Transporte, reforzó la hipótesis fiscal sobre una conducción imprudente.
Un “antes y un después” para General La Madrid
Para la fiscalía, el caso marcó un antes y un después en General La Madrid. La Ayudante Fiscal Belén Colantonio dijo a InfoGL que en pocas horas, el sistema de salud, seguridad y Justicia logró contener a decenas de víctimas en una situación límite. Al mismo tiempo, el expediente dejó expuesta la necesidad de medidas urgentes de seguridad vial en un cruce altamente transitado.
Con la elevación a juicio ya solicitada, las familias de las víctimas y los sobrevivientes esperan ahora que la causa avance hacia el debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal por una de las tragedias viales más graves de los últimos años en rutas argentinas.
Con información de La Opinión Austral
