Allanamientos de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú permitieron frustrar un presunto plan criminal contra el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, un juez federal y un fiscal.
Un operativo judicial de alto impacto desactivó en las últimas horas un presunto complot narco que contemplaba los asesinatos del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; del juez federal de Paraná, Leandro Ríos; y del fiscal federal José Ignacio Candiotti. La maniobra, según fuentes de la investigación, se coordinaba desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
Los allanamientos, ordenados de manera urgente, se concentraron en el pabellón E del establecimiento penitenciario, donde se encuentra detenido Leonardo Roberto Airaldi, de 46 años, conocido como el “Gaucho narco”. Durante el procedimiento, personal de Gendarmería Nacional secuestró teléfonos celulares, anotaciones y dosis de cocaína, elementos que ahora serán sometidos a peritajes.
De acuerdo con la causa, el objetivo central de la organización criminal era evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Airaldi y otros 13 imputados, cuyo debate oral está previsto para el martes próximo en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Pese a la gravedad de la amenaza, fuentes oficiales confirmaron al diario La Nación que la fecha del proceso se mantiene, aunque se reforzarán de manera considerable las medidas de seguridad.
Un operativo judicial de alto impacto desactivó en las últimas horas un presunto complot narco que contemplaba los asesinatos del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; del juez federal de Paraná, Leandro Ríos; y del fiscal federal José Ignacio Candiotti. La maniobra, según fuentes de la investigación, se coordinaba desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
Los allanamientos, ordenados de manera urgente, se concentraron en el pabellón E del establecimiento penitenciario, donde se encuentra detenido Leonardo Roberto Airaldi, de 46 años, conocido como el “Gaucho narco”. Durante el procedimiento, personal de Gendarmería Nacional secuestró teléfonos celulares, anotaciones y dosis de cocaína, elementos que ahora serán sometidos a peritajes.
De acuerdo con la causa, el objetivo central de la organización criminal era evitar el inicio del juicio por narcotráfico contra Airaldi y otros 13 imputados, cuyo debate oral está previsto para el martes próximo en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Pese a la gravedad de la amenaza, fuentes oficiales confirmaron al diario La Nación que la fecha del proceso se mantiene, aunque se reforzarán de manera considerable las medidas de seguridad.Mundo
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La pesquisa, encabezada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo, se inició tras un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que alertó sobre la posible planificación de ataques contra funcionarios públicos. A partir de esa información, se desplegaron tareas investigativas que derivaron en las requisas dentro del penal.
En paralelo, la Justicia avanza sobre la pista de dos presuntos sicarios uruguayos que habrían sido contratados para ejecutar los atentados, en una operación que, según trascendió, implicaba un pago de 40.000 dólares. Entre los elementos incorporados al expediente figuran testimonios que describen seguimientos, obtención de información sobre movimientos de los blancos y frases atribuidas al presunto organizador.
Como medida preventiva, se dispuso la custodia de los funcionarios mencionados por parte de la Policía Federal Argentina, con apoyo de la Policía de Entre Ríos. Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la logística de seguridad, aunque remarcaron que se trata de un esquema “excepcional”.
Airaldi ya estaba en el centro de investigaciones por narcotráfico con ramificaciones en distintas provincias. Su nombre cobró relevancia tras procedimientos que incluyeron secuestros de cocaína, armas y vehículos presuntamente vinculados con redes criminales. Los análisis forenses de dispositivos incautados en causas anteriores expusieron contactos y movimientos que ampliaron el alcance de las sospechas.
La nueva acusación, ahora ligada a la presunta instigación de atentados, añade un capítulo de extrema gravedad al expediente. La investigación continúa bajo estricta reserva, mientras se analizan las pruebas recolectadas en el penal y se profundizan las líneas abiertas para determinar la magnitud real del plan desactivado.
Con Información de Cadena 3
