Según consignó en su edición de ayer La Opinión Austral: La localidad santacruceña de Puerto Deseado es escenario de una grave estafa informática que ha afectado a la empresa Grupo LFL SAS. Un administrador formalizó la denuncia tras detectar que desconocidos accedieron al sistema de home banking de la compañía y ejecutaron tres transferencias fraudulentas por un monto total de 50 millones de pesos. Las autoridades policiales y judiciales han iniciado una compleja investigación para determinar el método de acceso al sistema y la trazabilidad del dinero sustraído.
La tranquilidad financiera de la empresa Grupo LFL SAS se vio abruptamente interrumpida el pasado martes, cuando se detectó una maniobra de fraude informático de gran magnitud. El administrador de la firma se presentó ante la dependencia policial de la ciudad para reportar el acceso indebido a las cuentas bancarias corporativas.
Según el detalle aportado en la exposición policial, el acceso al sistema de home banking se concretó alrededor de las 16:50 horas. Una vez dentro, los perpetradores llevaron a cabo tres operaciones de transferencia distintas y no autorizadas: dos movimientos por un valor de 20 millones de pesos cada uno, y una tercera transferencia por 10 millones de pesos, sumando el total sustraído a 50 millones de pesos.
El dinero fue dirigido hacia las cuentas bancarias de tres individuos, cuyas identidades ya están siendo analizadas por los investigadores. Tras la denuncia, se activaron de inmediato los recursos de seguridad locales. Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado se sumó a las actuaciones para reconstruir los hechos y determinar el modus operandi de los delincuentes.
El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1. Desde el ámbito judicial, se dictaminaron las primeras medidas urgentes, centradas principalmente en la comunicación con las entidades bancarias involucradas. El objetivo primordial es intentar bloquear las cuentas receptoras y, si es posible, recuperar los fondos antes de que sean movidos o retirados.
Las autoridades trabajan bajo la carátula de estafa y ciberdelito, manteniendo abiertas varias hipótesis sobre cómo se logró vulnerar la seguridad de la plataforma financiera. Los investigadores están analizando si se trató de un ataque informático externo sofisticado, una suplantación de identidad dirigida al administrador o si se emplearon técnicas de ingeniería social para obtener las credenciales de acceso. Se espera que se realicen más diligencias para acotar el campo de acción de los responsables.
La magnitud del monto involucrado convierte este caso en uno de los fraudes informáticos más significativos registrados recientemente en la provincia de Santa Cruz, y la prioridad es establecer el recorrido del dinero robado.
