El cuerpo legislativo dio luz verde en general al proyecto impulsado por el oficialismo con 149 votos afirmativos contra 100 negativos. La iniciativa reduce la edad de responsabilidad penal a 14 años, establece sanciones de hasta 15 años para delitos complejos y destina más de $23.700 millones para su puesta en marcha.
Con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Producción y Trabajo, el proyecto obtuvo media sanción y fue enviado al Senado. Por el contrario, el bloque peronista y la izquierda votaron en contra. Esta reforma en materia de seguridad, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, llega tras intensas negociaciones en comisiones.
Detalles clave de la nueva normativa
La propuesta no solo disminuye la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que fija una pena máxima de 15 años de prisión para hechos graves como homicidios, secuestros, violaciones o robos violentos. La detención efectiva se aplicará en casos con escalas penales altas. Para condenas inferiores a 10 años, se contemplan alternativas como servicios comunitarios, amonestaciones, reparación del daño, prohibición de acercamiento a víctimas, monitoreo electrónico, o prohibiciones de conducir y concurrir a ciertos lugares. Además, se posibilita la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en delitos menores. El proyecto incluye el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas, asegurando que sean escuchadas, informadas y cuenten con asistencia jurídica y psicológica.
Infraestructura y plazos de implementación
La normativa exige la creación de establecimientos especializados para menores, garantizando atención médica, acceso a la educación y tratamiento de adicciones con personal capacitado. Se prohíbe explícitamente la convivencia entre menores detenidos y adultos. La ley entrará en vigor seis meses después de ser reglamentada, tiempo previsto para adecuar las estructuras federales y provinciales.
Posturas políticas y debate parlamentario
El peronismo sostuvo una postura unificada de rechazo. Aunque sectores del Frente Renovador habían mostrado apertura para acompañar el artículo de baja de edad en particular, finalmente no lo hicieron tras la decisión del oficialismo de votar por capítulos y a mano alzada. Laura Rodríguez Machado (LLA) argumentó que el régimen vigente desde 1980 no resocializa ni previene, dejando a jóvenes en un «limbo». Desde la oposición, Juan Grabois cuestionó el enfoque, planteando que el debate debería centrarse en la salud mental y los consumos problemáticos, independientemente de la edad. En sintonía, Juan Carlos Molina cuestionó la falta de foco en la educación. Por su parte, Santiago Santurio (LLA) defendió que la reforma busca que los jóvenes respondan por delitos graves.
Financiamiento y seguimiento
Ante los reclamos de mandatarios provinciales sobre los costos de implementación, el Gobierno sumó un artículo que destina $23.739.155.303, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Miguel Ángel Pichetto acompañó la baja de edad, aunque advirtió sobre la necesidad de inversión real en establecimientos y educación. El debate fue presenciado por familiares de víctimas de delitos, incluyendo a Madres del Dolor.
Con información de BAE Negocios.
