Este lunes, como adelanto exclusivo, La Opinión Austral dio a conocer que con la firma de los vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, el Tribunal Superior de Justicia dispuso un incremento salarial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial santacruceño para buena parte de 2026, el que generó un terremoto de críticas por parte del oficialismo político de la provincia.
El aumento -según se supo- se aplicará desde enero a octubre en dos etapas. La primera es hasta julio de este 2026, a través de un aumento mensual del 4% aplicado a la escala salarial básica al mes de diciembre de 2025. Asimismo, desde el mes de agosto a octubre el aumento mensual será del 3% aplicado a la escala salarial básica al mes de julio de 2026.
Según el anexo que acompaña la resolución, los vocales, máximas autoridades del Poder Judicial, durante el primer mes de 2026 percibirán un básico de 1.574.940 pesos y al finalizar el escalonamiento en octubre de este año percibirán 2.177.588 pesos, lo que representa un 38,2 de incremento, sin contar el impacto real en el bolsillo según otros ítems.
Alcance
Según establece el instrumento legal, al que tuvo acceso La Opinión Austral, el ajuste aplica a todos los magistrados y funcionarios citados en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº 1) y a los cargos oficiales creados por normativa del TSJ.
En tanto, se especificó que la Administración General del Poder Judicial debe informar trimestralmente a los organismos pertinentes (Ministerio de Economía, Hacienda e Infraestructura, Tribunal de Cuentas y Caja de Previsión Social) sobre las escalas salariales mensuales correspondientes.
Según argumentaron los cuatro vocales, esta medida se basa en las facultades propias del alto tribunal y en la necesidad de equiparación salarial con otros regímenes en el país. La Opinión Austral pudo conocer de fuentes del TSJ que la medida se da en el marco de la paritaria por el convenio colectivo de los empleados judiciales, que hace más de 12 años atados a la pauta de la Justicia nacional, tras una decisión tomada durante el gobierno de Daniel Peralta, en lo que se conoció como la “ley de enganche“.
Otro dato importante es que esa pauta se paga a año vencido y en cuotas. Por ejemplo, lo que la Corte Suprema dio en Nación en 2024, en Santa Cruz se lo tienen que pagar a los empleados y funcionarios en 2025. Asimismo, aclararon que estos aumentos fueron enviados y están aprobados, como todos los años, en el presupuesto que fue sancionado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con el voto del oficialismo y parte de la oposición.
En la normativa, se dejó constancia de que el vocal Daniel Mauricio Mariani no suscribió el incremento. Mariani viene teniendo cruces con el resto del Tribunal desde el año pasado, cuando -en principio- fue separado como representante ante el Consejo de la Magistratura. Luego sobrevino la situación de toma de jura a los nuevos vocales designados por la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que en la víspera de Navidad, la Cámara de Diputados sancionó dentro de la ley de presupuesto que el Estado provincial pague el 50% del sueldo a esos cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras, que no pudieron tomar el cargo porque el mismo TSJ declaró inconstitucional la ley que amplió la cantidad de cinco a nueve vocales.
Con información de La Opinión Austral
