Según consigna La Opinión Austral: El debate por el Presupuesto 2026 sumó un nuevo foco de tensión política en el Congreso. El Gobierno nacional consiguió este martes emitir dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero el avance del proyecto quedó envuelto en una fuerte polémica tras la incorporación de un artículo que deroga leyes clave de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
El dictamen oficial reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. De este modo, el proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto este miércoles 17 de diciembre.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Provincias Unidas impulsó una tercera propuesta, reflejando el alto nivel de fragmentación y conflicto político que rodea al Presupuesto 2026.
El artículo que desató la controversia
La discusión se concentra en el artículo 75 del proyecto, incorporado a último momento por el oficialismo. Ese apartado dispone la derogación de las leyes 27.795, de financiamiento para las universidades nacionales, y 27.793, que establece la emergencia en discapacidad. Además, deja sin efecto partidas presupuestarias destinadas al Hospital Garrahan.
Se trata de normas que habían sido aprobadas por el Congreso con mayorías agravadas, tras insistir frente a los vetos del presidente Javier Milei. Ahora, el Gobierno busca desactivarlas a través de la denominada “ley de leyes”, una estrategia que reavivó el conflicto con la oposición y con sectores sociales afectados.
Qué establecía la ley de financiamiento universitario
La ley 27.795 proponía un esquema progresivo de inversión en educación superior, que comenzaba con el 1% del PBI en 2026 y alcanzaba el 1,5% en 2031. El objetivo era recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar los gastos de funcionamiento y crear fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.
Universidades, gremios y rectores advirtieron que su derogación profundizaría la crisis del sistema universitario público, en un contexto de alta inflación y fuerte ajuste del gasto.
Emergencia en discapacidad y conflicto judicial
Por su parte, la ley de emergencia en discapacidad establecía que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación debían prevalecer sobre las restricciones presupuestarias, en línea con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Durante el año, su aplicación estuvo atravesada por una creciente tensión institucional. Incluso, la Justicia Federal declaró inválido el decreto que suspendía su vigencia y ordenó su implementación tras un amparo colectivo. Sin embargo, la medida nunca llegó a ejecutarse de manera efectiva por parte del Poder Ejecutivo.
La inclusión del artículo 75 convirtió al Presupuesto 2026 en uno de los debates más sensibles del cierre del año legislativo. Con universidades, organizaciones de personas con discapacidad y sectores de la oposición en alerta, el tratamiento en el recinto promete profundizar la confrontación política y social en torno al rumbo del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.
