El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la desregulación del mercado de armas de fuego al habilitar la compra y tenencia de fusiles, carabinas y subametralladoras semiautomáticas para legítimos usuarios y entidades de tiro.
La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, despertó preocupación entre asociaciones civiles y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia armada, que advirtieron sobre un incremento en los riesgos de circulación de armamento pesado.
La decisión forma parte del proceso de cambios que comenzó este año con la eliminación de la ANMaC y el restablecimiento del Registro Nacional de Armas (RENAR) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En adelante, el RENAR será el encargado de fiscalizar y aplicar la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.
Según la normativa, los usuarios podrán acceder a armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon y de calibre superior al .22 LR, derivadas de modelos militares. Para obtener la autorización, deberán acreditar al menos cinco años de antigüedad como legítimos usuarios de armas de uso civil condicional, presentar una declaración jurada, identificar el material y demostrar “usos deportivos comprobados” mediante certificaciones de entidades de tiro o participación en competencias oficiales.
El trámite requerirá además no tener sanciones administrativas ni antecedentes en curso, y abonar tasas equivalentes a una “Tenencia Exprés” y una “Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)”.
Preocupación de ONGs y especialistas
Distintas organizaciones civiles alertaron sobre las consecuencias del aumento en la circulación de armas de alto poder. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) recordaron que en Argentina existen cerca de 4 millones de armas en el mercado ilegal, y que entre 7 y 8 personas mueren por día por disparos de armas de fuego.
El Ministerio de Salud informó además que el 44% de las muertes con armas corresponde a agresiones o conflictos interpersonales, lo que incluye casos de violencia doméstica, robos y enfrentamientos.
La Red Argentina para el Desarme (RAD) sostuvo que la desregulación implica “un retroceso de 50 años” en materia de prevención y políticas públicas. “La ANMaC había impulsado un plan de desarme reconocido internacionalmente; hoy se debilita ese esquema en favor de una mayor disponibilidad civil”, señaló un comunicado de la organización, que recordó que en 2013 el plan argentino fue distinguido como el mejor del mundo.
La Política Online
