El vocal del Tribunal Superior de Justicia fue absuelto este sábado la Cámara de Diputados y retomó sus funciones de inmediato. Tras el veredicto, Basanta habló con La Opinión Austral y afirmó que la provincia “sigue teniendo cinco vocales”, en referencia directa al conflicto abierto por la ampliación del TSJ impulsada por el Gobierno provincial. Su defensa aseguró que el proceso fue parte de “una ofensiva contra la independencia judicial”.
El juicio político contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, concluyó este sábado con un veredicto absolutorio. La decisión fue tomada por la Cámara de Diputados, que tras semanas de debate lo había suspendido preventivamente mientras analizaba su eventual destitución.
La audiencia dejó imágenes y declaraciones de enorme peso institucional en medio del conflicto que atraviesa el Poder Judicial. Inmediatamente después de ser absuelto, Basanta confirmó a La Opinión Austral: “Desde hoy mismo retomo mis funciones. Somos cinco los vocales del Tribunal Superior de Justicia. No nueve”.
La frase reavivó el debate por la Ley 3949, que amplió de cinco a nueve las vocalías del TSJ y que hoy se encuentra suspendida por una cautelar del propio Tribunal Superior Justicia, firmada por Reneé Fernández, quien firmó como presidenta; los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, y Romina Saúl, Defensora General ante el TSJ y subrogante.
Sin embargo, no todos en el máximo órgano de la justicia de Santa Cruz piensa igual. Daniel Mariani, quien disputa la legalidad de la presidencia con Fernández, considera que la ampliación del TSJ “no tiene cuestionamientos judiciales que la declaren inconstitucional” y destacó que la norma “está vigente y debe cumplirse”. “La Ley 3949 estableció nueve miembros. Esta ley no recibió cuestionamientos que hayan provocado una decisión judicial definitiva”, dijo antes de la acordada que firmaron sus pares.
Mariani, que defendió las resoluciones que firmó como presidente del Tribunal, incluídas las juras a los cuatro miembros nuevos, había denunciado “un golpe de Estado palaciego” al interior del TSJ. Y les advirtió a los otro cuatro vocales que “pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles el carácter de ‘resoluciones’ constituye una conducta carente de validez legal y verdaderas ‘vías de hecho’”que podrían “dejarlos incursos en causales de mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con la posibilidad de inicio de un proceso de juicio político”.
“Me sometí al proceso porque respeto las instituciones”
En una extensa conversación con La Opinión Austral, Basanta reconoció sentir “alivio y sentimientos encontrados”, pero remarcó que decidió atravesar el juicio político “por respeto al sistema institucional”.
“Yo podría haber judicializado esto. Tuve miles de consejos de abogados para hacerlo. Pero la Constitución provincial fija un mecanismo de juicio político y decidí someterme, por más que hubiera cosas mal hechas”, dijo.
Basanta se mostró crítico de la argumentación del oficialismo y cuestionó que la Legislatura intente revisar cuestiones ya definidas por otros poderes: “No se entiende que vivimos en un Estado de derecho. Cuando una ley es inconstitucional, quien lo decide es la Justicia. No la Cámara de Diputados.”
Recordó además que su idoneidad profesional ya había sido evaluada por la Legislatura, al momento de su designación; el Poder Ejecutivo, que tomó el juramento; y el Poder Judicial, en fallos previos en sede civil y penal.
La defensa: “Fue un proceso montado para presionar al Poder Judicial”
El abogado Gonzalo Chute, integrante de la defensa, junto con Alejandro Ruggero, también habló con La Opinión Austral. Aseguró que el juicio político buscó “recuperar por vía política cuestiones ya rechazadas por la Justicia”.
“Esto formó parte de una ofensiva más amplia del Poder Ejecutivo contra la independencia de los jueces”, afirmó. “La Cámara no podía revisar decisiones que ya estaban resueltas. No podía declarar nulos actos que en su momento aprobó. Era una aberración jurídica”.
Chute advirtió que el conflicto institucional generado “puso a la provincia al borde de una posible intervención federal”, y expresó su deseo de que la absolución “sirva para recuperar la normalidad institucional”.
“Somos cinco vocales”: el mensaje político de Basanta
Durante la referencia al desenlace del juicio político, sin embargo la frase que resonó de Basanta apuntó directamente al conflicto central que atraviesa la Justicia provincial: la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.
“Hoy somos cinco. No nueve. No puedo mentir sobre eso”, remarcó. “La ley que pretendió llevarnos a nueve vocales está suspendida por una cautelar. Hay resoluciones de primera instancia, de cámara y del propio Tribunal. Esa discusión aún está abierta y deberá resolverse conforme al derecho”.
Según explicó, mientras estuvo suspendido durante 30 días debió dedicar su tiempo a preparar su defensa, en vez de avanzar en causas sensibles: “Yo tendría que haber estado resolviendo expedientes para la ciudadanía. Entre ellos, justamente, la cuestión de la ampliación del Tribunal”.
Con información de La Opinión Austral
