El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de Armas (RENAR), oficializó este martes los requisitos para la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas con cargadores de quita y pon, equiparables a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR.
La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025, que reglamenta el Decreto 397/25, el cual había eliminado la prohibición de estos materiales para legítimos usuarios. Con esta disposición, el RENAR —organismo que reemplazó a la ex ANMAC— implementará un “régimen de autorización y control especial”.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y ya genera controversia en sectores políticos y sociales, que advierten sobre los riesgos de flexibilizar el acceso a este tipo de armamento en el ámbito civil.
Cinco años de antigüedad y control estricto
Para acceder a estas armas, los legítimos usuarios deberán acreditar al menos cinco años de antigüedad como tenedores de armas de fuego de uso civil condicional. Además, deberán demostrar buen comportamiento administrativo, sin sanciones ni actuaciones pendientes ante el RENAR.
Otro requisito clave será contar con un sector de guarda tipo G2, que implica medidas de seguridad específicas para el almacenamiento del armamento. También deberán presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud e identificar cada pieza con detalle: marca, modelo, calibre y número de serie, adjuntando fotografías del material.
El costo del trámite será equivalente a la suma de una “Tenencia Express” y una “Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)”, lo que supone un nuevo esquema administrativo y económico para los usuarios.
Deporte o uso civil: el punto más discutido
Uno de los aspectos más polémicos del nuevo régimen es la exigencia de acreditar “probados usos deportivos”. Según la resolución, esto podrá cumplirse de dos maneras: mediante una certificación de una entidad de tiro habilitada que avale al solicitante como “tirador asiduo”, o demostrando participación en competencias nacionales o internacionales de tiro deportivo.
Las entidades de tiro también podrán solicitar este tipo de material para su uso institucional, tanto con fines deportivos como didácticos. Sin embargo, la medida reaviva la discusión sobre los límites entre el uso deportivo y la tenencia civil de armas de asalto, dado el potencial letal de estos modelos.
Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una “actualización del marco regulatorio”, diversos especialistas en seguridad advierten que podría implicar una mayor disponibilidad de armamento militarizado en manos de civiles.
Un debate que vuelve al centro de la escena
La decisión del Ejecutivo de permitir nuevamente la tenencia de armas de características similares a las de asalto llega en un contexto de creciente preocupación por los delitos armados en el país.
En 2017, la ANMAC había restringido de manera explícita el acceso a este tipo de armamento, argumentando la necesidad de reducir riesgos y garantizar un control más estricto sobre el uso civil de armas automáticas o semiautomáticas.
Fuente Diario Crónica
