El alto magistrado del Poder Judicial de Santa Cruz firmó la notificación que confirma su suspensión, mientras avanza el juicio político en su contra. El trámite generó una fuerte tensión institucional dentro del Tribunal Superior de Justicia. El desconocimiento a Daniel Mariani como presidente.
A las 10:40 de la mañana, Fernando Basanta firmó en el despacho, que utilizó desde 2019, la notificación de su suspensión como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hasta entonces, la mañana en el edificio del Poder Judicial había sido un hervidero en donde abundaban trascendidos de todo tipo.
“Vino, buscó sus cosas y se fue”, intentaron bajarle la temperatura testigos que lo vieron en el edificio donde, por motivos inéditos, ordenaron colocar consignas policiales. Sin embargo, para otros observadores, prácticamente Basanta se había “atrincherado” en su despacho y no quería acatar la decisión de los diputados que lo suspendieron.
Pero el vocal de TSJ, que además es el presidente del Consejo de la Magistratura, leyó y releyó durante buena parte de la mañana la nota que llegó de la oficina del vicegobernador, y presidente del Poder Legislativo, Fabián Leguizamón, dirigida al presidente del Poder Judicial, Daniel Mariani, y se demoró buscando la manera de acatar la decisión sin reconocer a Mariani como titular del cuerpo. Entonces, esperó a que Reneé Fernández intermediara en la notificación para firmar la suspensión.
“Se toma conocimiento, sin perjuicio del error incurrido al consignar el nombre del destinario”, comenzó diciendo Fernández en la nota que firmó como presidenta del Alto Tribunal del Justicia de Santa Cruz. Para Leguizamón no hay error, el presidente es Mariani. Para Basanta sí, y entonces ahí sí rubricó la nota.
Para entonces, la versión de que él se había negado a notificarse había corrido por todos los pasillos de los tres poderes del Estado de Santa Cruz. Alrededor de las 16 horas, personal policial ya se había presentado para acompañar a los notificadores de la Cámara de Diputados que se iban a presentar en el domicilio de Basanta, como ocurre con cualquier persona que debe ser notificada de una medida de este tenor. Y entonces llegó la cédula del Tribunal Superior de Justicia donde él se notificó ante Renée Fernández.
La notificación que firmó Fernando Basanta de su suspensión como vocal del Tribunal Superior de Justicia.
La tensión en la cúpula del Poder Judicial y la falta de precisiones acerca de quien da las directivas, generó un fuerte malestar en las empleados judiciales. Y este jueves, justo cuando Basanta debía ser notificado de la decisión de su suspensión, con policías custodiando quien entra y quién sale, un grupo de la comisión directiva y delegados del gremio que conduce Franco Mascheroni, fue al edificio para hablar con los trabajadores de base. “Se hizo presente el gremio para acompañar a los compañeros y compañeras por la tensión que se está viviendo”, explicó el titular del sindicato.
La suspensión dispuesta por la Cámara de Diputados
El miércoles, los diputados que integran la Sala Acusadora resolvieron suspender a Fernando Basanta por considerar que no cumple con los seis años de ejercicio de la abogacía, requisito mínimo exigido por la Constitución Provincial y las leyes para ocupar el cargo de vocal del TSJ.
El proceso fue iniciado a raíz de una denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno, quien señaló que Basanta no cumplía con los requisitos constitucionales para integrar el máximo órgano judicial de la provincia.
Este miércoles, la Sala Acusadora de la Legislatura Provincial, compuesta por 12 legisladores, resolvió continuar el trámite del juicio político contra el vocal y enviarlo a la Sala Juzgadora, que tiene 30 días para tomar una decisión -requiere mayoría de dos tercios- y emitir un fallo.
Conflicto institucional en el Tribunal Superior de Justicia
La situación se enmarca en una crisis institucional dentro del TSJ, luego de que la nueva mayoría del tribunal ratificara a Daniel Mariani como presidente y declarara nula la resolución del 2 de octubre, que lo desplazaba y designaba a Renée Fernández al frente del organismo.
La resolución, firmada en Acuerdo Extraordinario N° 3720, contó con el aval de los vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega, conformando la mayoría prevista tras la ampliación del tribunal a nueve miembros por la Ley 3949.
Sin embargo, los cuatro vocales en minoría —Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos, Renée Fernández y Fernando Basanta— desconocen esta decisión, argumentando que la ampliación fue sancionada en violación de principios constitucionales y sin el procedimiento correspondiente.
Con información de La Opinión Austral
