En un contexto de fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de 5 a 9 de sus miembros, el viernes 3 de octubre ingresó a Cámara de Diputados de Santa Cruz el proyecto de ley para impulsar la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General en la provincia.
Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz, además de rechazaron el proyecto de ley para impulsar la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador, al tiempo que calificaron la situación como “retroceso” institucional.
En consonancia con lo expresado los organismos santacruceños, también hicieron lo propio el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal que reúnen a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante esto, desde la presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz a cargo de Fabián Leguizamón le respondió sobre este tema a la nota de fecha 6 de octubre de 2025, mediante la cual manifestaron su preocupación institucional por el Proyecto de Ley N° 561, que propone modificaciones a la Ley N° 1600 Orgánica de la Justicia de la Provincia.
Al respecto, indicaron que actualmente, el funcionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz y de los ministerios públicos, se rige por la Ley Orgánica N° 1600 y sus modificatorias. También que en base a la organización actual, la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia se encuentra “debidamente constituida”, contando con un Defensor General y Defensores oficiales que ejercen sus funciones con competencia en todo el territorio provincial.
“Ahora bien, el proyecto de ley que se encuentra en discusión no implica de ninguna manera la eliminación ni supresión de la defensa pública ni de la figura del Defensor Público Oficial ante el Tribunal Superior de Justicia. Su objetivo principal es restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, en cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al caso ‘Sosa’ (sentencias de 2009 y 2010)”, se mencionó.
“Así, la propuesta legislativa reordena la estructura orgánica, restituyendo la jefatura unificada del Ministerio Público bajo la Procuración General, sin afectar la autonomía funcional de la defensa pública ni las garantías de independencia profesional establecidas en el ordenamiento constitucional y legal vigente, que se encontrarían delegadas por el Procurador General al Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces ante el Tribunal Superior de Justicia, en los términos de la modificación propuesta al art. 72 de la Ley Orgánica”, se afirmó.
Entre otras cosas, se indicó que el proyecto de reforma “no obstaculiza de ningún modo la labor profesional de los defensores públicos, ni vulnera los principios rectores del sistema acusatorio adversarial”. Y que se mantienen íntegros los artículos 81 a 89 del Capítulo IV (“Ministerio Pupilar – Defensor Público Oficial”) de la Ley Orgánica de Justicia n° 1600.
Por el contrario, “la propuesta conserva la competencia de la Defensoría General en todo el territorio provincial y preserva las funciones constitucionales esenciales vinculadas a la protección y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, asegurando la continuidad y eficacia del servicio de defensa pública”.
Antes de finalizar, se sostuvo: “Lamentamos la confusión generada en la opinión pública a partir de comunicados que atribuyen al proyecto intenciones de las que carece. Manifestamos además el férreo compromiso de esta Legislatura Provincial con la defensa pública y con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y jurisprudenciales que aseguran su autonomía. Se agradece la preocupación manifestada y se reitera la disposición para recibir a las autoridades del Consejo Federal a fin de ampliar fundamentos y evacuar toda inquietud en el marco del debate legislativo en curso”.
Cabe recordar que Sosa asumió en 1990 y en 1995, durante la gobernación de Néstor Kirchner, fue removido de su cargo a raíz de la sanción de la ley 2404 que modificó la estructura institucional de la Justicia, y -entre otras aristas- se desdobló el cargo de Procurador General en dos: Agente Fiscal ante el TSJ y de Defensoría. En ninguno de los dos cargos fue puesto el exprocurador y el tema fue a la Corte Suprema donde falló en más de una oportunidad para que se lo reponga en el cargo.
La Opinión Austral
