El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el expediente caratulado:
“Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio” c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y otra s/ acción de inconstitucionalidad – Incidente de medida cautelar”.
Como consecuencia, la decisión del TSJ, que lleva las firmas de la presidenta Renee Fernández y los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, y de Romina Saúl (vocal subrogante), suspendió provisionalmente por cuatro meses los efectos de la Ley Provincial N° 3949, promulgada por Decreto N° 0768/25, por la que se ampliaba de cinco a nueve miembros los integrantes del TSJ.
La medida también dispuso que los jueces Sergio Acevedo y José Antonio González Nora se abstuvieran de intervenir en cualquier actividad del Tribunal Superior, incluyendo deliberaciones, emisión de votos, firma de resoluciones y actuaciones administrativas con proyección decisoria, tanto en causas en trámite como en futuras, durante el mismo período de cuatro meses o hasta que se dictara resolución definitiva.
Asimismo, el TSJ prohibió tomar juramento a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega, suspendiendo toda actuación relacionada con su incorporación al tribunal, incluidos actos de comunicación, protocolización, registración o instrumentación administrativa.
La Opinión Austral pudo saber que si bien hubo un intento por evitar que se realice la asunción en el salón de acuerdos, el vocal Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos miembros del máximo tribunal.
La decisión se produjo en medio de la tensa disputa interna por la ampliación del Tribunal Superior, luego de que la Legislatura designara a Contreras Agüero y De La Vega como nuevos vocales, y en un contexto donde la presidencia del TSJ había sido cuestionada por los actuales vocales y el oficialismo provincial.
Fundamentos del fallo del TSJ
En su resolución, el Tribunal fundamentó su intervención para garantizar el orden constitucional. “Los tribunales no reemplazan a los poderes electivos; sí están llamados a hacer visible y corregir sus omisiones o insuficiencias constitucionales cuando el caso lo demanda, para que el principio de legalidad y la forma republicana no se degraden a proclamas retóricas”, indica.
Además, el fallo subraya que la sesión de la Cámara de Diputados se realizó con pleno conocimiento de que existía una prohibición judicial. “Dicha orden fue comunicada antes de la sesión extraordinaria, circunstancia que, según se expone, acredita que el cuerpo legislativo se encontraba en conocimiento pleno de su alcance y de las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento”; y agrega que la sesión y sus resultados se produjeron “en un contexto de reserva institucional y en abierta desobediencia a órdenes judiciales expresas”.
En tanto, advierten que “la eventual participación de los magistrados designados como corolario de la Ley Nº 3949 en acuerdos, deliberaciones o decisiones -ya sea en expedientes en trámite o en los que ingresen- podría generar una trama de actos jurisdiccionales de difícil o imposible desmantelamiento, con el consecuente riesgo de nulidades en cadena y de grave afectación a la confianza pública en la administración de justicia”.
Finalmente, y en consonancia con el punto anterior, señalan que “el daño que se pretende evitar reviste naturaleza institucional, ligado a bienes constitucionales no fungibles: la independencia e imparcialidad del órgano de cierre, el derecho de los justiciables al juez natural legalmente constituido, la continuidad ordenada del servicio de justicia y la preservación de la apariencia de imparcialidad como dimensión objetiva de la garantía”.
La Opinión Aistral
