Según consigna el Diario Crónica. La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), en representación del sector privado productivo y generador de empleo de la provincia, ha presentado de manera formal ante el gobernador, el vicegobernador y la Cámara de Diputados un extenso informe y un proyecto de ley para que se declare de manera inmediata la Emergencia Comercial, Productiva y PYME en la Provincia de Santa Cruz por el plazo de doce (12) meses.
La solicitud, respaldada por datos estadísticos alarmantes, busca habilitar un paquete de medidas paliativas urgentes para evitar un colapso socioeconómico generalizado, ante una crisis profunda y sistémica que ha llevado a la quiebra técnica a cientos de empresas históricas y al despido masivo de trabajadores.
Diagnóstico de una crisis sistémica sin precedentes
El informe presentado por la FESC detalla una combinación letal de factores que asfixian a las empresas formales:
• Colapso del Consumo: Una caída en las ventas de entre el 35% y 57% según el rubro.
• Asfixia Fiscal y Tarifaria: Incrementos superiores al 500% en energía eléctrica y gas, sumado a la distorsión del impuesto provincial de Ingresos Brutos.
• Competencia Desleal: Crecimiento de un sector informal no regulado que opera sin controles tributarios, sanitarios ni laborales.
• Falta de Crédito: Tasas de interés inaccesibles que superan el 150% anual.
• Cierre de Empresas: Más de 150 comercios han cerrado solo en la ciudad de Río Gallegos en lo que va del 2025.
Datos clave del informe (EPAP 2025 – IPAE AGO/25- INDEC) confirman la emergencia:
• El 32,6% de las empresas despidieron personal.
• El 62,8% no pudo pagar el aguinaldo.
• El 68,6% de las PYMES se endeudaron para pagar impuestos o servicios
Propuesta de medidas “urgentes e impostergables”
Ante este escenario crítico, la Federación solicita la rápida sanción de una ley de emergencia que habilite la implementación de un plan de salvataje basado en cuatro ejes centrales:
1. Alivio Fiscal y Tarifario Inmediato: Suspensión por 12 meses del pago de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para MiPymes, moratoria amplia de deudas con quita de intereses, y un subsidio provincial directo para compensar las tarifas de energía.
2. Lucha Contra la Informalidad: Control efectivo y aplicación estricta de la normativa a las ventas online y/o clandestinas.
3. Protección Productiva y Laboral: Creación de líneas de crédito blandas provinciales (tasa 0%), un programa REPRO Provincial para subsidiar salarios, y la obligatoriedad de que el Estado compre al 50% a PYMES locales pagando en menos de 30 días.
4. Protección Judicial Transitoria: Suspensión de embargos por deudas por 180 días para dar respiro a las empresas y permitir su reestructuración.
Un llamado a la acción concertada
Guillermo Polke, presidente de la entidad enfatizó que «la crisis que describe este informe es consecuencia de un modelo económico dependiente que hoy colapsa. El sector PYME y productivo es el sostén de la comunidad y no puede ser el ajuste de la crisis. Sin medidas concretas, urgentes y de fondo, se profundizará la recesión, se perderán miles de puestos de trabajo formales y se acelerará la migración de emprendedores y familias, con el consiguiente riesgo de fractura del entramado social provincial».
La institución confía en la comprensión de los Poderes del Estado de la gravedad del momento y se pone a disposición para trabajar de manera conjunta en la ejecución de este plan de rescate, esencial para la supervivencia de la economía formal santacruceña.
