El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha enviado una carta a organismos internacionales para informarles sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. Esta comunicación busca visibilizar la vulneración de derechos, el incumplimiento de leyes clave como la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y las políticas que afectan pensiones, prestaciones básicas y talleres protegidos. Con esta acción, el Foro solicita la atención y solidaridad de la comunidad internacional, recordando al Estado argentino su obligación de garantizar los derechos de este colectivo.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 1997 impulsa acciones destinadas a la implementación de políticas inclusivas en la Argentina y a visibilizar las reiteradas vulneraciones de derechos que enfrenta esta población, desea poner en conocimiento de la comunidad internacional y de las organizaciones vinculadas la grave situación que actualmente atraviesa nuestro país.
Lamentablemente, el Gobierno encabezado por Javier Milei no ha impulsado políticas favorables para esta población. Desde el inicio de su gestión ha desplegado una campaña de estigmatización, vinculando a las personas con discapacidad con supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, según su propia consideración.
Este gobierno, con el objetivo de reducir el gasto público, ha intentado eliminar las pensiones no contributivas que, en los últimos 20 años, se otorgaron a personas con discapacidad en situación de pobreza, y no únicamente a quienes presentan una incapacidad laboral.
Esta intención quedó evidenciada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, que finalmente no fue tratado en el Congreso de la Nación, donde se preveía la eliminación de 270.000 pensiones no contributivas. Como parte de esta estrategia, el Gobierno dispuso una reevaluación masiva de todos los titulares de dichas pensiones.
Esta auditoría ha sido fuertemente cuestionada a partir de numerosas denuncias de irregularidades, tales como: telegramas de convocatoria que nunca fueron recibidos; exigencias de estudios innecesarios o de difícil realización en los plazos fijados; citaciones en lugares inexistentes; turnos de atención en condiciones que no respetaban la situación de discapacidad de las personas; y bajas o suspensiones sin la debida notificación.
La baja o suspensión de aproximadamente 120.000 pensiones está siendo actualmente objeto de impugnaciones legales impulsadas por diversas organizaciones y por organismos gubernamentales de distintas provincias.
A esta situación se suma el atraso en la actualización arancelaria que padecen los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Esta falta de actualización ha puesto en seria crisis al sistema de prestaciones básicas, regulado por la Ley 24.901, que obliga a obras sociales, empresas de medicina prepaga, al Estado y al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a garantizar la atención de aproximadamente 250.000 personas con discapacidad.
Durante 2024, el aumento de los aranceles de estos servicios se mantuvo por debajo del incremento del costo de vida en la Argentina. En lo que va de 2025, no se ha dispuesto ninguna actualización, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya supera el 19% en el presente año.
El apoyo del Estado Nacional destinado a más de 6.000 trabajadores con discapacidad de los Talleres Protegidos se mantiene, desde febrero de 2023, en apenas $28.000 mensuales (equivalentes a aproximadamente 20 dólares estadounidenses).
La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba diversas medidas para dar respuesta a esta crítica situación, fue vetada por el Presidente de la Nación, Javier Milei. Posteriormente, el Congreso rechazó dicho veto y reafirmó la vigencia de la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, aun habiendo promulgado la norma, ha suspendido su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos que implica.
Cabe destacar que el Gobierno no ha presentado obstáculos para destinar recursos a otros fines, mientras que, frente a esta problemática, exige precisiones adicionales al Congreso, generando una dilatación injustificada en la ejecución de la ley.
Por todos estos motivos, albergamos la esperanza de que la comunidad internacional exprese su preocupación al Gobierno Argentino, recordándole la obligación que tiene con esta población. Confiamos en la solidaridad internacional para que esta situación encuentre una respuesta justa. Agradecemos su atención y quedamos a disposición para ampliar la información que consideren necesaria.
