Según consigna el Diario Crónica de C. Rivadavia. El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial de Estados Unidos que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes por la expropiación realizada en 2012. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, consideró que el fallo de la jueza Loretta Preska “no es razonable” y aseguró que la Argentina seguirá defendiendo sus intereses en todas las instancias posibles.
“La jueza decidió no conceder la suspensión. Ahora vamos a ir a la Cámara de Apelaciones para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones y también para que suspenda su ejecución mientras se analiza la apelación”, explicó Stampalija.
El funcionario remarcó que la sentencia de 2023 “aún no está firme”, pero reconoció que puede ejecutarse mientras se resuelven las apelaciones. En ese marco, se realizaron nuevas presentaciones ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que deberá pronunciarse en los próximos días sobre si suspende de forma provisoria la ejecución del fallo.
“Ya está el pedido de suspensión en la Cámara y el mismo martes iniciamos la apelación. El pedido es claro: que se suspenda la medida y que luego se revoque”, afirmó.
Críticas al proceso y señales de negociación
Stampalija criticó la celeridad con la que Preska ordenó avanzar con el traspaso accionario, y sostuvo que el planteo argentino fue anterior al fallo: “Antes de que la jueza se expidiera, ya habíamos presentado un escrito alertando que no había resuelto aún. Sin embargo, avanzó con su decisión”.
Aunque la pulseada legal continúa, los fondos buitre reclaman una mesa de negociación directa con el gobierno argentino. De hecho, este martes 15 de julio habrá una reunión clave en Nueva York que podría abrir una instancia de diálogo para evitar la ejecución del fallo.
Por ahora, el Gobierno insiste con la vía judicial y asegura que aún hay argumentos para revertir o reducir significativamente el monto de la condena.
Con información de Ámbito
