Este jueves, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz.
Pero -según informó Infobae- también apoyó que se revoquen las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del expresidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
Qué dijo del exministro De Vido, el Procurador señaló que “no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.
Luego, mencionó: “De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido—, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”. Por último, el Procurador avaló el pedido del fiscal Villar para que a los condenados se les decomise la suma de 5.321.049.272,42. Se trata del valor de la defraudación actualizada al momento de ejecutar la sentencia.
Cabe recordar que en el caso de Héctor Garro, durante el juicio Remarcó que los fondos asignados a dichas obras constaban en el presupuesto provincial y que se regían por las normas que dictaba Santa Cruz. Garro presidió Vialidad provincial entre el 5 de octubre de 2005 y el 15 de marzo de 2006. “Están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos”, argumentó en esa oportunidad.
Fuente: La Opinión Austral
