Así lo confirmó Carina Quispe, de Plataforma H2 Argentina, en recientes declaraciones. Advirtió sobre la necesidad de que Argentina sancione la ley nacional para alentar las inversiones en el sector. El sector espera que en el primer semestre de 2025 la sanción ya sea realidad.
Los actores que impulsan el desarrollo del hidrógeno en el país no pierden la esperanza de que en el primer semestre de 2025 el Congreso de la Nación sancione definitivamente la ley nacional para este sector.
Carina Quispe, abogada con formación ambiental y referente de Plataforma H2 Argentina, precisó recientemente que la “ventana de oportunidad para contar con el marco regulatorio es corta”; “se prevé que el auge -de acuerdo a informes internaciones- tendrá su momento entre 2030 y 2040“.
En esta línea, la especialista observó que “los proyectos que puedan instalarse ahora iniciarán sus actividades en los próximos 4 años, pero solamente avanzarán en caso de que exista el marco regulatorio”.
En esta línea, precisó que la iniciativa diseñada por Plataforma H2 Argentina se encuentra en el Congreso de la Nación,presentada por dos legisladores de Chubut, además de contar con el consenso del empresariado que busca invertir en este renaciente sector industrial de alcance global.
Antecedentes
En la última Expo Comodoro Industrial y Comercial -que contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral-, la Patagonia una vez más volvió a debatir cómo se encuentra posicionado el país en el incipiente mercado de este nuevo vector energético que tendrá su esplendor hacia 2030. Si bien Brasil, Chile y Colombia hacen valer su tradición de décadas y logran acaparar la atención de los grandes inversores en Latinoamérica, la Unión Europea colabora con nuestro país para generar las condiciones necesarias que lo transformen en un proveedor global de energía limpia. Queda un largo camino por recorrer y los tiempos se agotan.
El mundo avanza hacia una mayor demanda de energía limpia y 2030 será un año clave, Argentina aún puede transformarse en uno de los proveedores globales de hidrógeno, dependerá de las decisiones que tome esencialmente el sector público. Se trata de alcanzar una ley nacional que permita el ordenamiento jurídico y financiero del país y los distritos provinciales para la llegada de nuevas inversiones en un escenario equilibrado en el que ganen las empresas, las provincias y las comunidades, generando “confianza”. El tiempo transcurre y las oportunidades son fugaces.
La Opinión Austral
