Por Irene Stur: Sin que los agarre desprevenidos a los productores, el Gobierno cristalizó la liquidación del Fideicomiso que financia la Ley Ovina. En reuniones previas a la oficialización, las entidades señalaron que se buscan alternativas que podría ser una línea crediticia. La oposición irá por una nueva ley.
El Ministerio de Economía procedió a liquidar el fideicomiso que se armó para administrar los fondos de la Ley Ovina (Nº 25.422) que fue sancionada en 2001 y extendida en 2021 por la Ley Nº 27.646.
“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina. Este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, indicó este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida no sorprendió a los integrantes del sector porque esa decisión ya había sido adelantada a dirigentes agropecuarios patagónicos, tal como lo confirmó el dirigente de FIAS, César Guatti, a La Opinión Zona Norte.
Transparencia
Ya a inicios de marzo, Javier Milei ordenó auditar todos los fondos fiduciarios gestionados por la Administración Pública Nacional. El decreto 215/2024, puso en manos del Ministerio de Economía a los mismos, determinando un plazo de 60 días corridos –prorrogables por otros 60 días más– para realizar una auditoría general. El miércoles por la noche, el vocero del Gobierno, Manuel Adorni, adelantó la desarticulación del Fideicomiso ovino y afirmó que se había manejado “sin ningún tipo de transparencia“.
La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) habría encontrado importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta la cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades.
El referente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, César Guatti, desmintió a Adorni y afirmó que “era uno de los fiduciarios con más transparencia. Lo integraban el INTA, el Senasa, entre otras organizaciones, que verificaban hacía dónde iba el dinero”.
La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) habría encontrado importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta la cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades.
El referente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, César Guatti, desmintió a Adorni y afirmó que “era uno de los fiduciarios con más transparencia. Lo integraban el INTA, el Senasa, entre otras organizaciones, que verificaban hacía dónde iba el dinero”.
Guatti también expuso en el marco de la Ley Bases, defendiendo la Ley Ovina y su financiamiento, “ya entonces lo advertimos”. Y agregó: “Ahora estamos trabajando para ver alternativas“, indicó.
Créditos por aportes
El pasado 3 de mayo, Enrique Jamieson y Leandro Ballerini, presidentes de las Sociedades Rurales de Río Gallegos y de Bariloche, respectivamente, junto a Osvaldo Luján, vicepresidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, se reunieron en Buenos Aires con el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo. Estuvieron acompañados por Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina.
La inquietud de los productores patagónicos era, precisamente, el recorte de fondos destinados a la Ley Ovina y a programas de fortalecimiento productivo como el Plan Lanar.
Al término de ese encuentro, Enrique Jamieson detalló que presentaron un panorama sobre la problemática general de la Patagonia, que incluye la preocupación por la sobrepoblación de guanacos, los campos abandonados y los parques nacionales descuidados.
Al consultar sobre el destino del fondo fiduciario de la Ley Ovina y del Programa Prolana, sostuvo: “Nos informaron que los fondos fiduciarios de la Ley Ovina dejarían de operar, lo cual representa un problema para la producción ovina en la Patagonia y a nivel nacional”, dijo. “El Plan Lanar está suspendido“, añadió.
En rigor, detalló que el secretario se manifestó “contundente en la negativa” a que la misma ley siga vigente. “Consideran que la producción ovina en Patagonia es un monocultivo y, por lo tanto, debemos buscar herramientas que permitan darle una solución al sector”, explicó.
No obstante, el funcionario se comprometió a evaluar la posibilidad de otorgar líneas de crédito a la Patagonia a través del BICE con tasas accesibles a los productores en reemplazo de la ley ovina por un monto aproximado de $700 a $800 millones.
“Se analizarían alternativas para buscar algún fondeo con bancos nacionales a resolver con las entidades provinciales. La Ley Ovina eran $850 millones y ahora se destinarían unos $700 millones en financiación“,
Ratificación
El 13 de julio, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, una semana antes de viajar a Santa Cruz, se reunió con la Mesa de Enlace y representantes de entidades rurales de las provincias patagónicas y funcionarios gubernamentales.
Entre los temas abordados con el funcionario nacional, estuvo el desarrollo de un programa de financiamiento específico para la ganadería patagónica, además de marcar todas las condiciones diferenciales que debe enfrentar la región en su estrategia productiva principalmente logística. Al tiempo que se abordó la emergencia climática imperante.
Allí se acordó conformar una Mesa Patagónica, ya que entre otros temas comunes, también está la protección de la barrera fitosanitaria que protege a la región.
Mesa que fue ratificada, aunque aún no convocada, la semana pasada, cuando el secretario de Agricultura viajó a Santa Cruz, el 25 de julio, por la emergencia climática y productiva, para verificar la ayuda enviada por $500 millones, en concepto de combustibles y alimento. El vocero presidencial, también este jueves, confirmó que “el Gobierno nacional analizará junto al Gobierno provincial las ayudas necesarias para enfrentar” dicha emergencia.
En el encuentro con los productores que mantuvo Iraeta en el Regimiento Rospentek (Río Turbio), se reiteró la necesidad de financiar la Ley Ovina. “Continuamos en contacto con la Secretaría de Agricultura, junto al resto de las organizaciones agropecuarias para buscar alternativas de financiamiento para la Ley Ovina, que no sean a través de un fideicomiso”, que es lo que repele el Gobierno nacional, aseguró César Guatti.
Reclamo
El senador rionegrino Martín Doñate (UP) criticó la eliminación del fondo de la Ley Ovina “en medio de la mayor crisis climática que sufre la Patagonia”. Anticipó que presentará un proyecto para la recomposición del mismo, recordando que la Ley tuvo un alto “impacto positivo, que generó durante años en los campos, parajes y pueblos de nuestra línea sur y en sus más de 3331 productores en las que se distribuyen las más de 1 millón de cabezas ovinas con las que cuenta nuestra provincia”.
En tanto el Bloque Patagónico que conforman la CAME, provincias y cámaras empresarias de la Patagonia, se reunió este miércoles, en la previa de la visita que realizó el jefe de Ministros Guillermo Francos a la Confederación y aprovecharon la oportunidad para reclamar por la Ley.
No solo fue ese tema el que llevaron ante Francos, sino también temas como hidrógeno verde; entes de control, fiscalización y técnicos; las tarifas de gas y también la emergencia agropecuaria. (La Opinión Austral)
