Tras varias fugas de personas privadas de su libertad de diferentes sedes y alcaidías policiales de la Ciudad, se profundizó la interna política entre Jorge Macri y Patricia Bullrich. El Jefe de Gobierno responsabilizó de la fuga a Nación, dado que, acusó que el colapso de las comisarías porteñas es consecuencia del no traslado de los presos al penal federal. “Necesitamos que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de trasladar y alojar a los presos porque es su responsabilidad y cuenta con el personal capacitado para hacer esta tarea”, apuntó en varias entrevistas el ex intendente de Vicente López.
Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, enfurecida por las declaraciones del mandatario porteño, comenzó cruces internos que profundizaron las diferencias entre Jorge Macri y la titular de la cartera de seguridad.
El equipo de Macri y Bullrich
Durante la jornada, el intendente porteño, junto a la ministra Bullrich, presentaron la creación de nuevos módulos y la mejora física de comisarías y alcaidías para reforzar la seguridad en el territorio porteño. Entre las medidas anunciadas priorizaron: la creación de 19 nuevos módulos para reforzar la seguridad en las alcaidías; la mejora física de comisarías y alcaidías; el lanzamiento de una licitación para crear una nueva alcaidía; la implementación de más de 2 mil tobilleras electrónicas y la deportación de extranjeros ilegales.
Tanto el jefe de Gobierno porteño como la ministra de Seguridad coincidieron en la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires obtenga mayor autonomía en materia de Justicia Penal.
«Le hemos planteado al ministro Cúneo Libarona para avanzar en la autonomía de la Ciudad. Estamos esperando para poder generar un ámbito de trabajo con el ministro. Estamos convencidos de que la Ciudad, en el perfeccionamiento de su autonomía, necesita tener una Justicia Penal plena», expresó el Jefe de Gobierno porteño. Para el mandatario «eso eliminaría muchas de las complicaciones en esta zona gris que se genera. Muchos delincuentes que en otras provincias serían parte de un sistema penitenciario de la provincia, en la Ciudad no se da».
Para la ministra de Seguridad, «el problema que tenemos es que 2000 detenidos en comisarías es una cárcel completa. Tenemos muchas contradicciones según lo que nos dijeron los jueces. Estamos pidiendo a la Corte Suprema para que nos diga qué conducta llevamos adelante. Lo estamos discutiendo para que no se ordene el sistema desde la Justicia y se ordene desde el Sistema Penitenciario, que sabe cuáles son las plazas disponibles».
La fuga de presos
Según cifras oficiales, en 2023, se fugaron 41 presos de las diferentes alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez asumida la nueva administración porteña, la fuga de presos continuó en ascenso aunque, desde el Ejecutivo porteño, aseguran que en lo que va de 2024 ese número se redujo. Entre otras cifras oficiales, l Gobierno porteño destaca que detuvo un 22% más de delincuentes por robo y hurto que el año pasado. La ola de inseguridad en CABA es un hecho, de acuerdo a cifras de la Policía porteña, la fuerza de seguridad detuvo a más de 80 delincuentes por día desde el 10 de diciembre, fecha en la que asumió el gobierno de Jorge Macri.
Las medidas porteñas
El Gobierno porteño impulsará una serie de medidas para evitar la fuga de presos y el crecimiento de la inseguridad en todo el distrito. Algunas de las medidas presentadas, y que piensan ejecutarlas lo más rápido posible son:
La construcción de una Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad. Ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras; La instalación de 19 módulos de detención, equipados y preparados para alojar 300 detenidos. Los mismos estarán ubicados en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.
Además retomarán las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto, tal como se comprometió a hacerlas la Ciudad. Según adelantaron las obras estarán terminadas a finales de 2025; y la incorporación de más de 2.000 tobilleras electrónicas para controlar a los detenidos que están en tránsito y también a aquellos que tengan arresto o prisión domiciliaria.
