La reunión se desarrolla en la Casa Rosada entre las principales cabezas del Poder Judicial de la Nación para avanzar en la implementación del sistema acusatorio para la provincia de Santa Fe y mejorar el combate contra el crimen organizado y la violencia del narcotráfico.
La ¨Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal” será encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y contará con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, la Diputada Nacional Roxana Reyes, y miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según informaron fuentes del ministerio de justicia el objetivo es tener el primer encuentro formal de lo que será el próximo 6 de mayo la puesta en marcha en Santa Fe del sistema acusatorio. Se trata de una nueva manera de tratamiento penal donde las investigaciones están a cargo de los fiscales, con tiempos determinados para terminar las causas y con audiencias orales donde los jueces actúan como magistrados de garantías. El objetivo es tener procesos más cortos.
El sistema acusatorio ya funciona en las provincias de Salta y Jujuy. Fue creado por el Congreso de la Nación en 2014 mediante una reforma. Se estableció que su implementación estaba a cargo de una comisión bicameral del Congreso y se iba a hacer de manera paulatina en todo el país. Se comenzó por Salta y Jujuy en 2019 y luego iba a ser el turno de Santa Fe y Mendoza. Pero nunca se concretó. De hecho, la comisión bicameral no se reunió en todo el 2023.
Por eso, el presidente Milei dictó a fines de febrero el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 188/2024 por el cuál le quitó a la comisión bicameral la aplicación del sistema acusatorio y la transfirió al Ministerio de Justicia de la Nación. “La postergación indefinidade la entrada en vigencia del referido Código Procesal Penal Federal impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del estado nacional”, explicó el DNU.
