Luego de las reiteradas interrupciones en el servicio eléctrico en diferentes puntos de la provincia de Santa Cruz debido a contingencia en el Sistema Argentino de Interconexión, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó este lunes acciones legales contra TRANSPA S.A. En ese sentido, el Gobierno Provincial había enviado una carta documento a principios de agosto a los efectos de exigir las explicaciones y las acciones necesarias para subsanar los mismos.
Esto se debe a que, en la localidad de Río Gallegos y alrededores durante los primeros días de agosto, sufrieran cortes prolongados luego de que saliera de servicio, en tres oportunidades, la línea de alta tensión que alimenta el corredor Buena Esperanza – Río Gallegos, y cuya operación y mantenimiento depende de TRANSPA S.A. (Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima).
Como consecuencia, dichos cortes trajeron innumerables complicaciones para el desarrollo de las actividades diarias de la comunidad, y en especial hacia personas electrodependientes que precisan del servicio de manera ininterrumpida. Es por ello que este lunes el ente nacional formuló cargos contra la empresa de energía por los inconvenientes ocasionados.
Anteriormente, el Gobierno Provincial a través de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado envió carta documento el pasado 2 de agosto apuntándolos como los únicos responsables de las suspensiones del servicio de energía y a su vez, exigía una solución integral de fondo urgente para que todos los santacruceños cuenten con un servicio energético de calidad e ininterrumpido.
Mientras voceros de la empresa alegan causas climáticas, el ENRE indicó que las instalaciones comprometidas son nuevas y que fueron construidas para soportar vientos fuertes y temperaturas bajas. Cabe recordar que, el Ente Nacional ya formuló cargos contra TRANSPA por no haber presentado el Plan de Inversiones 2023, incumplimiento que sigue prolongándose en el tiempo.
Por último, también advierte que, si bien el Estado nacional tiene presente la situación financiera de la transportista, nada -ni siquiera esta variable- la exime de cumplir con la obligación de garantizar la calidad de servicio y la prestación del mismo tal como lo exige el Contrato de Concesión.
