Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2023.
Como un hecho “negligente y criminal” califican organizaciones de la sociedad civil la decisión de autoridades electas que ratificaron la derogación de la cooperación internacional para educación, lo que significa un vacío de más 110 mil millones de guaraníes del presupuesto del MEC, sin alternativas de financiamiento público.
Crece la preocupación por lo que se vendrá tras la votación de 70 diputados por la derogación del Convenio de Financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos”, lo que significa que 110 mil millones de guaraníes menos tendrá el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lo que afectará a más de 50.000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar en el acceso a la alimentación escolar desde septiembre de 2023, así como en la provisión de útiles escolares y reparaciones en escuelas previstas para el 2024, señala Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) que articula las acciones de 29 organizaciones de la sociedad civil local.
“Expresamos nuestra preocupación por la utilización que hacen en el Parlamento Nacional de las niñas, niños y adolescentes, bajo falsos argumentos y discursos de odio, generando un ambiente de crispación en la sociedad y la propagación de pánico moral. Advertimos que obstaculizar el acceso a fondos de cooperación internacional para el desarrollo, y más a grupos de población en situación de vulnerabilidad, es una violación a los derechos humanos”, afirman en un comunicado.
La eliminación de recursos del apoyo presupuestario de libre disponibilidad del Presupuesto General de Gastos de la Nación, destinados al MEC, sin brindar alternativas de financiamiento público, es un hecho “negligente y criminal de parte de las autoridades electas”.
Destacan que el derecho al desarrollo es clave para reducir las desigualdades entre los países y al interior de los mismos, por eso la cooperación internacional para el desarrollo cumple un papel esencial en contribuir, paliar y/o complementar las acciones de los Estados en vías de desarrollo, a modo de alcanzar niveles óptimos de bienestar de todas las personas, sin discriminaciones.
Desde las organizaciones recuerdan la falta de respuesta a las necesidades de cerca de 476.872 niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo, por motivos de acceso, calidad y pertinencia de la educación y el aprendizaje; así como por pobreza, discriminaciones y violencias.
“Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que prime la cordura, vetando este proyecto de ley que pone en riesgo la permanencia de miles de estudiantes en el sistema educativo nacional de Paraguay. Además, las autoridades nacionales deben mostrar señales claras de la existencia de una real seguridad jurídica en el país, seriedad en las relaciones internacionales y garantizar derechos humanos para todas las personas”, puntualizan.
Desde las agencias, fondos y programas de la ONU en Paraguay también manifestaron su preocupación ante los posibles efectos que tendría la derogación de la Ley 6659/20 sobre el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes del país.
Recordaron que a nivel global, el sector de la educación enfrenta una crisis que se fue profundizando durante los años de la pandemia de COVID-19, y que el Paraguay no constituye una excepción. “Es de conocimiento público que los desafíos en el sector de la educación paraguaya son considerables”, señalan.
De acuerdo con la última evaluación Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA), de 2018, el 92%, 76% y 68% de los alumnos y alumnas matriculados en el Paraguay no alcanzan los conocimientos mínimos de aprendizaje requeridos, respectivamente, en matemáticas, ciencias, y lectura. Pese a los significativos avances generales en cobertura, de acuerdo con el MEC, en 2021, apenas el 13% de niñas y niños en edad escolar de pre-jardín asistían a la escuela, así como solamente 2 de cada 3 estudiantes cursaban la educación media.
“En el marco de esta crisis de la educación, garantizar el derecho y el acceso a servicios educativos de calidad, incluyendo inversiones adecuadas, resulta prioritario para asegurar una formación adecuada de niños, niñas y adolescentes, que permita su posterior inserción en mercados laborales cada día más exigentes y competitivos. Ante desafíos de tal dimensión, los esfuerzos mancomunados parecen esenciales, siendo clave la cooperación internacional como complemento de la inversión pública nacional”, afirman.
Valoran la cooperación internacional fundamentada en valores compartidos, en el respeto a la soberanía nacional y en un marco de garantías legales que permita que las relaciones multilaterales puedan darse sobre la base de la confianza, previsibilidad y respeto mutuo.
“Garantizar el acceso a la educación, en la forma que el país soberanamente decida, asegurando las inversiones correspondientes que son necesarias, constituye un objetivo común que nos convoca a todos a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes”, culmina el comunicado.
