En medio de los ataques a las organizaciones piqueteras, que vienen reclamando respuestas contra el hambre que impone el ajuste gubernamental, el fiscal Marijuan denunció a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni. El único basamento del fiscal para justificar dicho pedido es una nota publicada en el diario Clarín el 13 de junio del corriente. En la elevación la fiscalía pide que se investigue el delito de “obligar” a personas a hacer un aporte mensual. Algo que no existe ni ocurre en la realidad.
Supimos por los medios de una causa iniciada por el fiscal Marijuan, solo basada en una nota periodística sin ninguna prueba o denuncia concreta. La denuncia es absolutamente falsa, ya que ningún dirigente del Partido Obrero (ni del Polo Obrero) obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran, como afirma el fiscal, repitiendo una nota periodística del diario Clarín.
La movilización del Polo Obrero crece justamente porque nosotros no estafamos a la gente. 14.000 compañeros de todo el país se han pasado al Polo Obrero rechazando los abusos de intendentes u organizaciones integradas al Estado. Hasta tal punto Marijuán no puede probar lo que sostiene en su acusación, que le pide pruebas a los intendentes. El ministro Zabaleta mismo trató de frenar esos pedidos de pases a nuestra organización, sabiendo que son masivos porque en el Polo rige la estricta discusión en asambleas, la rendición de cuentas públicas en cada una de ellas, el aporte voluntario que se diferencia del compulsivo que protagonizan decenas de punteros en todo el país y su administración democrática para poder sostener comedores con sus gastos de garrafas, alimentos frescos, fletes o locales entre otras actividades sociales de la de la organización.
Esta vez la operación judicial del fiscal se entronca no solo con una nota del diario Clarín sino también con las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que constituiría una peculiar coincidencia. Por un lado se pretende reforzar el punterismo político prebendario de los intendentes y gobernadores mediante la manipulación de la asistencia social, las viejas prácticas repudiadas en los barrios. El traspaso de los planes a las intendencias apunta a armar un gran fraude laboral, poniendo a hacer tareas de convenio municipal a quienes los cobran. Por otro lado todos están consustanciados con sacar a los pobres que se organizan por trabajo de las calles, para poder recortar los fondos de asistencia a los desocupados en línea con el ajuste del FMI. Un pretensión que no será viable ya que la crisis económica solo tiende a agudizarse y se reproducen las luchas sociales y salariales en distintos puntos del país.
Por último, quieren apuntalar la demanda de sectores empresariales que reclaman poner fin a los planes sociales para poder mantener salarios incluso por debajo de los montos que se cobran por planes. Esta es la situación se vive sin que ningún fiscal ponga la mirada sobre la explotación esclavista que se lleva adelante, utilizada en amplias ramas de la industria y el agro, incluso en los sectores más redituables del país como la cosecha del citrus y de otros alimentos de exportación, o la explotación de la madera en Misiones, por ejemplo.
