El 9 de junio de 1956, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu inició una represión que en tres días produjo los asesinatos de 18 militares y 13 civiles. Algunos de ellos formaban parte de un levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, otros fueron detenidos sin saber por qué y ejecutados sin derecho a defenderse.
Por Leonardo Castillo
Los generales del Ejército Juan José Valle y Raúl Tanco lideraron, hace 66 años, un 9 de junio de 1956, un levantamiento armado que intentó reponer a Juan Domingo Perón como presidente constitucional de la Argentina, y que la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu sofocó con una masacre en la que fueron fusilados 18 militares y 13 civiles.
Nueve meses antes, un golpe de Estado había derrocado a Perón e instaurado un régimen cívico militar autodenominado como «Revolución Libertadora».
El general Eduardo Lonardi, un nacionalista católico que había asumido la Presidencia tras el golpe, resultó desplazado en noviembre de 1955 por el tándem que formaban Aramburu y el almirante Isaac Rojas, quienes aspiraban a profundizar la desperonización del país.
Las garantías consagradas en la Constitución de 1949 quedaron conculcadas y se aplicó el Decreto 4161, que prohibía mencionar a Perón y exaltar los símbolos del justicialismo.
Además, Aramburu congeló salarios y propició el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le recomendó ejecutar una política de ajuste a cambio de prestarle asistencia financiera.
Ese contexto generó un clima de creciente malestar entre la clase trabajadora que propició el terreno para una rebelión que encabezarían Valle y Tanco, secundados por los coroneles Oscar Cogorno, Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta.
El movimiento estaba infiltrado por agentes del gobierno, que el 8 de junio ordenó numerosas detenciones entre gremialistas y activistas con el propósito de restarle sustento social al pronunciamiento.
Ese mismo día, Aramburu viajó a Santa Fe pero, antes de partir, dejó preparados los decretos 10.362, 10.363 y 10.364, que establecían la Ley marcial y la pena de muerte, pero que serían publicados en el Boletín Oficial una vez producida la rebelión.
La señal para el inicio de la sublevación se daría por radio, durante la transmisión de la pelea de boxeo entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza, que se celebraba en la noche el sábado 9 de junio en el Luna Park.
El alzamiento se verificó en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 2 de Palermo y 7 de La Plata, y en Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa, La Pampa.
En una casa de la localidad bonaerense de Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, fueron detenidos varios civiles: algunos se aprestaban a facilitar respaldo operativo a la rebelión; otros, en cambio, se encontraban allí de forma circunstancial para escuchar la pelea de Lausse.
Los combates entre los efectivos del gobierno y los sublevados se produjeron entre las 22 y la medianoche del 9, en tanto que los decretos firmados por Aramburu se difundieron a las 0.30 del 10 de junio.
Esas normas fueron creadas para aplicarse de manera retroactiva, en una clara violación de los principios del derecho penal, ya que los fusilamientos estaban decididos de antemano.
En la madrugada comenzaron las ejecuciones de los detenidos, y el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando de la Policía de la provincia de Buenos Aires, le ordenó al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno fusilar a los detenidos de Florida, que se encontraban en una comisaría de San Martín.
Los 12 detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez, donde cinco fueron asesinados por las balas policiales y los otros siete lograron escaparse.
En la mañana, un tribunal militar presidido por el general Juan Carlos Lorio realizó un juicio sumario a militares sublevados y concluyó que los detenidos, aunque «culpables del delito de sedición», no debían ser fusilados.
Aramburu le ordenó al tribunal que rectifique su fallo y Lorio le pidió al mandatario que manifieste por escrito su decisión de ejecutar a los detenidos.
El militar que ejercía la Presidencia le respondió con la elaboración de una lista de 11 militares rebeldes que horas más tarde fueron pasados por las armas.
Ante la muerte de sus camaradas, Valle, escondido en una casa de la calle Corrientes, decidió entregarse a condición de que se detuviera la represión.
El general peronista fue conducido al Primer Cuerpo de Ejército, en Palermo, donde, tras un juicio sumario, se lo condenó a morir frente a un pelotón de tiradores.
Valle fue asesinado el 12 de junio, pasadas las 22, en la Penitenciaría ubicada en la calle Las Heras, sin que medie una orden de ejecución por escrito.
Por su parte, Tanco se refugió en la embajada de Haití, pero el coronel Domingo Cuaranta irrumpió en la delegación diplomática y lo secuestró a punta de pistola.
Frente a las protestas del diplomático caribeño Jean Briere, el gobierno se vio obligado a respetar el derecho de asilo y le permitió al general volver a la delegación.
Meses más tarde, en un café de La Plata, un periodista interrumpirá la partida de ajedrez que jugaba contra un parroquiano al escuchar una frase inquietante: «Hay un fusilado que vive».
En base a ese rumor, Rodolfo Walsh dio con Carlos Livraga, y con su testimonio el periodista reconstruyó la historia de los fusilados de José León Suárez y plasmó sus padecimientos en el libro «Operación Masacre»
