El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, recordó este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de otras entidades de derechos humanos, analizaron la situación de salud y seguridad de la expresidenta de facto Jeanine Añez al interior del centro penitenciario femenino de Miraflores, donde se encuentra recluida acusada por el caso golpe de Estado II.
“La vida de las y los ciudadanos tiene que ser preservada en todos los ámbitos, nosotros hemos abierto la posibilidad de que el caso sea analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha exhortado a la señora Añez a que cuide su salud y que esa sea la premisa que rija con ella”, señaló la autoridad, según indica un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.
La acusada anunció que se encuentra desarrollando una huelga de hambre, medida que habría iniciado un día antes de que sea instalado el juicio por el caso Golpe de Estado II, que finalmente fue suspendido.
En agosto de 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe confirmando que, durante el gobierno de facto de Añez, en el país se desarrollaron masacres, ejecuciones sumarias y otras graves vulneraciones a los derechos humanos.
Horas después de darse a conocer el informe, sus familiares y defensa informaron que Añez había pretendido atentar contra su vida y que sufría torturas, es así que solicitaron medidas cautelares ante la CIDH.
Entonces, el organismo internacional solicitó información por parte de entidades gubernamentales, de derechos humanos y de la defensa. Con base documental, reportes médicos y otros elementos, negó las medidas cautelares a favor de Añez, y la exhortó a cuidar de su salud y permitir que las entidades competentes coadyuven en ese objetivo.
“En ese momento ella decidió dejar de recibir su tratamiento médico y ahora sigue atentando contra su salud”, declaró el Ministro.
Añez recibió en diversas oportunidades la visita de representantes de Naciones Unidas y de entidades de derechos humanos como el Instituto de Terapia e Investigación sobre la secuelas de la tortura y la violencia Estatal (ITEI), quienes descartaron actos de tortura como denunciaron sus familiares.
Caso Golpe de Estado II
Respecto a su situación jurídica, el Ministro señaló que en el marco del principio de congruencia se procedió a la suspensión del inicio del juicio por el caso Golpe de Estado II, en el que se acusa a Añez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
“La semana pasada el tribunal de sentencia determinó diferir el inicio del juicio por motivos formales, hay un principio de congruencia entre la acusación y la sentencia que obliga a que quien dicte la apertura de juicio sea quien dicte la resolución”, explicó el titular de Justicia.
Agregó que, de acuerdo con los plazos procesales, el juicio debería reiniciarse a mediados del mes de marzo. “La fecha de la nueva audiencia por mandato de ley tiene que ser 20 días después de la notificación a las partes del proceso”, explicó.
El 12 de noviembre de 2019, Añez se autoproclamó como presidenta de la Cámara Alta del Legislativo y posteriormente del Estado Plurinacional de Bolivia, con la complicidad de altos jefes militares y policiales.
El Ministro indicó que Añez siendo abogada y senadora conocía lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores, por lo que su incorrecta interpretación de la normativa se constituyó en un acto doloso.
Agregó que si bien hay graves desenlaces a partir de la autoproclamación, el caso Golpe de Estado II corresponde a las actuaciones que llevaron a Añez a hacerse del poder sin que la línea de sucesión llegará a ella en su calidad de segunda Vicepresidenta del Senado, en representación de la bancada minoritaria.
“Lo que está en juzgamiento son los tres días anteriores a que militares le impongan la banda presidencial. El derecho penal es muy preciso, por eso el auto de apertura es concreto, no se analiza lo que ocurrió antes o lo que ocurrió después, el marco temporal son esos tres días anteriores a que ella asuma -en su calidad de senadora- el mando del país, rompa la democracia y actúe contra la Constitución”, subrayó.
El Ministro indicó que sus actos posteriores, entre ellos las masacres de Sacaba y Senkata, deberán ser juzgados “bajo otras perspectivas”, agrega el reporte de prensa del Ministerio de Justicia.
Fuente: Abi.bo
