La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) pondera positivamente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional que, según lo manifestado por el presidente Alberto Fernández, permite sostener la potestad del país en las decisiones de inversión en políticas públicas, sin condicionamientos externos. El entendimiento concretado esta madrugada busca asignar a las Pymes un rol dinámico en la creación de empleo digno y genuino y pone al Estado como dinamizador de la economía manteniendo el gasto y los objetivos en importantes áreas como Obra Pública y Ciencia y Tecnología, con los consecuentes programas de transferencia tecnológica.
La administración anterior decidió acudir al FMI y acordó lo que fue el préstamo récord en monto en la historia de la institución: 57.000 millones de dólares de los cuales se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares con el único objetivo de sostener el funcionamiento “normal” del sistema financiero argentino, el cual diezmó las reservas y la estructura productiva del país. Ese programa, con los ajustes que el gobierno anterior acordó, resultó en un profundo fracaso y deterioro de la situación económica y social en la Argentina y sin ningún saldo positivo en infraestructura o capacidades productivas que hoy permitan su devolución. Ese préstamo, para el conjunto de la población, se evaporó, y sólo quedaron los condicionamientos para el desarrollo futuro que toda deuda implica, y en este caso, en una magnitud histórica.
Las negociaciones impulsadas por el Gobierno Nacional tras el frustrado y gravoso endeudamiento propiciado por la gestión anterior, que dejó al país en ruinas y al aparato productivo con heridas mortales, han llegado a su fin. El acuerdo anunciado será menos dañino para el conjunto de la sociedad que el realizado por el gobierno anterior, con menor impacto sobre el crecimiento del país y sin intervenir exageradamente en ajustes del gasto público. Sin recortes en las jubilaciones ni reformas laborales. Promueve la inversión en obra pública y no impone llegar al déficit cero en el corto plazo.
Según comunicó oficialmente el presidente Alberto Fernández, el nuevo acuerdo -para refinanciar el Stand By original-, no impactará en los servicios públicos, no relegará el gasto social y respetará los planes de inversión en ciencia y tecnología.
Además, permitirá acceder a nuevos financiamientos, permitiendo sostener la recuperación económica ya iniciada. No prevé saltos devaluatorios ni caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional.
El financiamiento negociado es de alrededor de 44.500 millones de dólares. Todo lo que resta vencer de aquí a la finalización de los pagos del programa stand by más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas en septiembre y diciembre de 2021 que se pagaron con los DEG que la Argentina había recibido durante el año pasado.
Se informó que habrá revisiones trimestrales y en cada una de ellas, desembolsos. Con esos desembolsos se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas.
Tal como viene sosteniendo nuestra entidad, el único acuerdo posible con el FMI es aquel que permita el crecimiento con inclusión y para lograr ese objetivo impera la necesidad de continuar con una política económica expansiva en favor de la inversión, la producción nacional, el impulso del mercado interno, el desarrollo regional y las exportaciones con mayor valor agregado. Esto es lo que se vislumbra en el nuevo entendimiento con el organismo de crédito internacional
Según detalló el ministro de Economía Martín Guzmán este viernes, el flamante entendimiento consta de cuatro bloques de marco general: el fiscal, el monetario, el de inflación y el de políticas de crecimiento.
En mataría de déficit fiscal: se buscará una reducción gradual del déficit fiscal: se proyecta un déficit primario de 2,5 para 2022 del PBI; de 1,3 para 2023 y de 0,9 para 2024.
Para lograr este objetivo, el Gobierno buscará financiarse con la recaudación tributaria del segmento de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. No habrá ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas ni afección a las jubilaciones
Respecto de la Asistencia del Tesoro y tasas de interés: habrá una reducción gradual de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro nacional. En 2022 el financiamiento al tesoro será del 1 por ciento, del 0,6 del PBI en 2023 y deberá llegar a cero en 2024.
Además se acordó diseñar una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos.
Sobre la inflación y emisión monetaria: se acordó un enfoque integral en el cual se parte de la premisa de que la inflación es un fenómeno multicausal
También se buscará «mantener el rol coordinador del Estado para generar las expectativas del mercado». El rol de las políticas de control precios es fundamental y van a tener un rol importante en el esquema inflacionario.
También se apuntará a un horizonte de regulaciones macroprudenciales tales que se desaliente la salida de los capitales especulativos.
El programa durará dos años y medio y los acuerdos serán conversados entre el gobierno y el board del FMI
Desde APYME seguimos apoyando un modelo productivo con inclusión social y la indispensable recuperación de la demanda en el mercado interno, principal sustento de las Pymes y dinamizador de las inversiones y el empleo, apuntalando y profundizando el proyecto nacional en curso, con un fuerte papel activo del Estado en pos del crecimiento con equidad distributiva.
Buenos Aires 28 de enero de 2022
Julián Moreno – Presidente de APYME
Juan José Sisca, Secretario Nacional