A partir del proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N° 41 entre El Chaltén y Lago del Desierto, el Gobierno de Santa Cruz impulsan una herramienta con pocos precedentes a nivel nacional que permitirá incorporar los aportes y pareceres de la comunidad como parte de los procesos de decisión gubernamental.
La iniciativa, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Administración General de Vialidad Provincial, trata de una nueva forma de participación ciudadana en la cual las comunidades podrán aportar sus opiniones de manera previa a la evaluación de impacto ambiental.
Desde hoy se encuentra disponible el “Documento de divulgación” que contiene información expresada de forma clara, oportuna y comprensible, para que lxs interesadxs puedan hacer efectivo el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.
Se define a la participación pública como la capacidad y posibilidad que tienen las personas y los grupos de influir en las decisiones que pueden afectar su calidad de vida. En ese sentido, la participación, como derecho y como instrumento, contribuye con los marcos de transparencia en la gestión pública y en la prevención de conflictos socioambientales.
El documento de divulgación quedará a disposición de la sociedad mediante su difusión en formato digital a través de su publicación en sitios webs oficiales durante el mes de diciembre y se proyectan encuentros en la localidad de El Chaltén para la primera semana de enero de 2022. Ello sin perjuicio de la incorporación de otros medios de difusión específicos a fin de asegurar la genuina participación pública de los sectores interesados.
Las nuevas concepciones sobre el ambiente, destacan que el fortalecimiento de la democracia implica un aumento sostenido de la participación, entendida como un proceso en el que los intereses, necesidades y preocupaciones prioritarias de los ciudadanos buscan ser considerados dentro de la toma de decisiones gubernamentales.
Desde la Secretaría de Ambiente indicaron que Santa Cruz se encuentra en proceso de implementación de medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos, en línea con lo establecido por el artículo 7° del Acuerdo de Escazú»
Sumado a ello, la propuesta impulsada por el Gobierno Provincial, se encuentra en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el N° 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” el cual plantea entre sus metas:
-Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
-Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
-Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Asimismo, la Ley General del Ambiente exige que las autoridades habiliten e institucionalicen procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.
