Desde el Tribunal de Cuentas iniciaron denuncias penales por pago de sobreprecios y desvío de fondos públicos.
La denuncia incluye una millonaria suma que se pagó en sobreprecios. Además, se certificaban obras que no avanzaban y se detectaron contrataciones irregulares.
La vocal del Tribunal de Cuentas, Dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales en la localidad de Río Gallegos por delitos de corrupción que involucran al actual Intendente Pablo Grasso, a Oscar Arbe, Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, a Juan Pedro Cvitanic, y a Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios provinciales.
La primera denuncia fue radicada en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de la Dra. Marcela del Valle Quintana, y luego se realizó otra en sede federal en la fiscalía a cargo del Dr. Julio Cesar Zarate.
Las acusaciones se basan en diversas irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas debido al estudio de cuentas del IDUV.
Según la Dra. Gribaudo “se puede evidenciar en ambos expedientes un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública.”
Además, Gribaudo remarcó que “lamentablemente, esta es una muestra más de que en nuestro país, y más aún, en nuestra provincia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y el castigo a los funcionarios que no cumplen las normas, está muy lejos de ser una realidad. Debemos entender que este tipo de actos repercute en nuestra vida cotidiana, como el estado de nuestros colegios, la falta de servicios básicos, nuestros hospitales, nuestras rutas, la contención a los jóvenes y adultos. Anunciar obras que nunca se hacen realidad, a pesar de haberlas pagado; pagar con sobreprecios insumos para los más vulnerables, con el dinero de todos los santacruceños, eso es corrupción: tomar como propio, lo que es de todos”.
Denuncias
Entre los hechos denunciados está la creación de un plazo fijo de forma irregular para canalizar fondos provenientes de aportes del Gobierno Nacional, de los cuales, entre otras cosas, no se consignan los intereses ni el destino de ese dinero.
Además, se constató el pago de sobreprecios y la realización de contrataciones irregulares. Se detectó el pago de obras que no fueron concluidas y la certificación de obras que no habían llegado a concretarse.
Un hecho curioso que marca la forma de operar dentro del IDUV fue el pago de repuestos y equipamientos para vehículos que estaban fuera de funcionamiento.
Las autoridades que presentaron las denuncias destacaron que este tipo de maniobras demuestra la existencia de mecanismos orquestados para llevar a cabo hechos delictivos, de corrupción y gozar de impunidad.
Más denuncias millonarias
Otro caso denunciado es el uso de facturas truchas para hacer figurar gastos y compras. Se trata de una maniobra de adulteración de documentos públicos para fraguar gastos y así disponer de dinero para otro fin.
El uso de facturas apócrifas está totalmente probado en la causa presentada ante la justicia y podría ascender a más de 100 millones de pesos.
