ROXANA REYES y Diputados Nacionales de la UCR presentan proyecto de ley para proteger a los denunciantes y testigos de actos de corrupción

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por el Chubutense Gustavo Menna, presentaron un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, que garantiza confidencialidad y reserva de identidad, establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección. 

La iniciativa recoge recomendaciones internacionales y busca asegurar el artículo 36 de la Constitución que equipara la corrupción a los atentados contra la democracia.

“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, indicó Menna.

Por su parte Roxana Reyes dijo que la lucha contra la corrupción debe ser siempre una bandera para defender los intereses del pueblo y poner un freno a los vivos que se apropian del esfuerzo colectivo.

«Los problemas de #pobreza que tenemos en nuestro país están atados a la #corrupción. Si la Argentina no hubiese tenido corrupción en estas décadas, estoy convencido que hubiésemos tenido muchisimos menos pobres, mejor administración de salud, mejor justicia y mayor igualdad de oportunidades», remarcó Reyes.

«Santa Cruz es la provincia con más alto nivel de corrupción en el gobierno, y necesitamos ponerle un freno a este tipo de prácticas. Por eso seguimos trabajando, impulsando leyes y presentando propuestas.  Necesitamos frenar la corrupción y a los malos funcionarios», indicó la diputada nacional. 

La propuesta radical recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia. “Atentará igualmente contra el sistema democrático quien incurriere en delito grave doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, dice el artículo.

“La corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto”, señaló Gustavo Menna.

Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de 6 años en sus funciones.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales de la UCR Lorena Matzen, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.