LPO15/03/2021
El diputado del Frente de Todos por Río Negro, Martín Soria, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación, según definió esta tarde el presidente Alberto Fernández, quien en un primer momento lo había dejado trascender como el reemplazante original de Marcela Losardo, pero luego dejó correr otros candidatos y alargó la definición más de una semana.
Alberto habría esperado el regreso de Cristina a la Capital para terminar de definir el nuevo ministro, de un área crítica para su vicepresidenta, que ha concentrado buena parte de su energía política en la pelea con la justicia. «Alberto estaba para definir el ministro sobre el final de la semana pasada, pero Cristina se fue al Calafate y esperó a que volviera», afirmó a LPO una fuente de la Casa Rosada.
Soria es diputado del Frente de Todos, y si bien es cierto que supo diferenciarse del kirchnerismo en las contiendas locales, fue un aliado de Cristina en las denuncias sobre lawfare, como denomina a la supuesta embestida judicial en su contra de magistrados y funcionarios de Mauricio Macri.
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Tal es así que presentó las primeras pruebas ante la justicia sobre la presunta mesa judicial que funcionó durante el anterior gobierno dedicada a armar causas contra la ahora vicepresidenta, sus hijos y ex funcionarios.
Su nombre circuló ni bien Losardo dejó trascender que no seguiría en el cargo, pero la semana pasada el presidente evitó confirmarlo en una entrevista televisiva y optó por tirar otros nombres como el diputado Ramiro Gutiérrez y la jurista Marisa Herrera.
Molesto por las repercusiones públicas, recordó que María Emilia Soria, intendente de General Roca y hermana del ahora ministro, votó a favor del desafuero de Julio De Vido que lo condenó a prisión durante más de dos años. El ex ministro le repudió haber rememorado el detalle.
Soria supo diferenciarse del kirchnerismo en las contiendas locales, pero fue un aliado de Cristina en las denuncias sobre lawfare. Como ministro, se espera que se sume a la ofensiva contra la Corte Suprema que impulsa el kirchnerismo.
Alberto quería exhibir a Soria como una figura propia por su incorporación en diciembre e la agrupación «En Común», motorizada por Víctor Santa María con diputados como Facundo Moyano, Gisela Marziotta, Rosana Bertone, Mayda Cresto y la entrerriana Carolina Gaillard.
El fin de semana trascendió que Alberto analizaba cederle el control pleno del área a Cristina con una figura propia, como el viceministro Juan Martín Mena o la senadora Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de la vicepresidenta.
Esta tarde circuló la versión de que Alberto iba a fusionar el Ministerio del Interior con Justicia para que quedara en manos de Eduardo Wado De Pedro, el ministro más cercano a la vicepresidenta y acaso su contacto de mayor nivel con la justicia. Pero pronto los voceros oficiales se esforzaron en desmentirlo.
La dificultad para encontrar un nombre, además, tenía que ver con la imposibilidad de tomar decisiones que tendrá el nuevo ministro sin cumplir con la vicepresidenta: el vice será Mena, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y la jefa del servicio penitenciario María Laura Garrigós de Rébori, todos cercanos al Instituto Patria. «Nuestra marca registrada seguirá siendo no poner al número uno», se jactaban desde el think tank kirchnerista.
Cristina se enfrentó a Losardo por su renuencia a sumarse a la pelea con el Poder Judicial, al que ni siquiera quiso confrontar cuando cuestionó el proyecto de reforma de la justicia federal que trabajó junto al presidente y envió al Senado, donde finalmente fue aprobado en agosto.
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Menos aún aceptó la propuesta de los diputados del Frente de Todos para revisar el texto y sumar cambios sugeridos por los diputados opositores.
También se desentendió de la reforma del Ministerio Público que promovió Cristina, aprobó el Senado y Diputados nunca trató por falta de respaldo entre los bloques chicos. La norma, de aprobarse, obliga a la salida inmediata del procurador interino Eduardo Casal, muy funcional al macrismo.
Pero tal vez nada molestó más a la vicepresidenta que el convenio que Losardo firmó en febrero con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, y el 30 de diciembre fue denunciada de armar causas y adulterar pruebas en un informe de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.
La preside Leopoldo Moreau, otro de los arquitectos jurídicos de Cristina, quien fue el primero en cruzar a la ministra y reclama cambios estructurales, como una ley para ampliar la Corte Suprema y licuar su poder. Ahora será tarea de Soria.
