En estos días se conoció el proyecto de ley sobre el sistema integral de medios y contenidos públicos de Santa Cruz, una especie de Ley de Medios vernácula con la novedad de un observatorio, similar al cuestionado NODIO.
Algunos aspectos del proyecto de ley
La ley que impulsa el gobierno de Alicia Kirchner contempla tres estructuras.
En primer término, la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz) que tendrá por objeto coordinar las políticas de comunicación e información pública, gestionar y administrar los medios públicos de la provincia, promover la producción de contenidos, la difusión del conocimiento y el acceso a la información en materia de cultura, educación y formación profesional, ciencia y tecnología, salud, promoción de valores y desarrollo de iniciativas sociales y productivas, a través de nuevas tecnologías, medios de comunicación y dispositivos a nivel federal en toda la provincia.
En segundo lugar, el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacruceño (CAMPuS), que tendrá como objeto garantizar la actuación de los medios públicos en base a principios éticos y a la normativa vigente en relación al tratamiento de los contenidos; como parte integrante del Sistema Integral de Contenidos y Medios Públicos. Según el artículo 37°, este Consejo tendrá 13 miembros, de los cuales 11 los pone el gobierno, solo uno será a propuesta de las entidades gremiales de trabajadores públicos y otro del partido de oposición parlamentaria con mayor número de diputados. Es decir, que el gobierno santacruceño en este órgano “representativo y plural” se arroga la designación la casi totalidad de sus integrantes, convirtiendo a la oposición parlamentaria y al representante de los trabajadores en meros espectadores.
En tercer término, tal vez lo más cuestionable es el Observatorio Provincial de Medios (OPM), que tal como lo establece el artículo 40°, tendrá como objeto analizar de manera integral y con participación de diferentes actores, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento responsable de la información. El gobierno pretende controlar lo que denomina “el tratamiento responsable” de la información: Alicia decidiría así que es o no es responsable, que es lo que se ajusta o no a la nueva normativa santacruceña.
Esta manipulación que el estado provincial tiene informalmente a través del reparto de la pauta publicitaria, construyendo opiniones y acallando voces con la fuerza de la billetera, ahora intenta formalizarla con la ley debajo del brazo. Llamativamente los multimedios más importantes de la provincia apoyan el proyecto, ya que son los receptores de la pauta y no se les ocurriría poner en cuestión las políticas oficiales. Es que la llamada “libertad de expresión” esconde en realidad en las empresas periodísticas la “libertad de empresa”, que incluye en este caso la posibilidad de servir al mejor postor.
Un verdadero sistema de promoción de la cultura popular, los derechos de las mujeres, la juventud, las disidencias de género, los reclamos de los trabajadores y los desocupados, así como las necesidades de las barriadas, solo va a funcionar si representantes de todos estos sectores oprimidos tienen el control y la dirección de la política de medios e información pública.
Sobre el progresismo autoritario y la construcción de su propia historia
Sin embargo, más allá de estas y otras observaciones debemos mirar un poco más allá, para tratar de desentrañar sus verdaderas intenciones. Al mejor estilo de 1984, la novela de George Orwell, el gobierno de Santa Cruz se queda con la posibilidad de escribir diariamente su propio diario, su propia historia. Decide que contenidos son los más pertinentes y socialmente significativos, produce los contenidos y los difunde a través de sus medios públicos y también los del ámbito privado que deberán ajustarse a la Ley, y luego observa el cumplimiento de todo esto al pie de la letra.
Tomemos un ejemplo. Hace un par de días, el 7 de diciembre se conmemoraba el 99 aniversario del fusilamiento, del crimen de clase que el estado argentino y los propietarios ganaderos acometieron contra 1500 obreros patagónicos. Ante los ojos del gobierno se reconoce la muerte pero no el crimen, se declara feriado provincial dicha fecha, pero nada se avanza sobre los derechos pisoteados de los trabajadores actuales. Una parodia y un intento bizarro de apropiación del pasado y de construcción de su propio relato.
Los mismos que idealizaron a los “pioneros” (estancieros) en los noventa de la mano del propio Kirchner quieren hacernos creer que reconocen y representan los sueños de esos obreros que fueron fusilados para defender los intereses de dichos pioneros.
Recordemos aquí la frase de Rodolfo Walsh, “…nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires…”. Habría que agregar que para eso la burguesía se apropia y deforma aquella historia y aquellos mártires.
Lo que está en juego
En este tema también se ponen en duda derechos adquiridos de los trabajadores de Canal 9, deudas siderales que deben ser reconocidas y no hay claridad sobre la situación del conjunto de los trabajadores afectados a la nueva Agencia. Se trata entonces de defender derechos de cientos de compañeras y compañeros.
Mirada de conjunto la lucha contra este proyecto es esencialmente una lucha ideológica con el kirchnerismo, aunque teniendo en cuenta que los K expresan a su manera las políticas del estado capitalista en general. Prensa Partido Obrero
